El Partido Popular ha denunciado al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, al considerar que pudieron haber cometido un delito de prevaricación derivado del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que ha sido recientemente anulado.
La formación liderada por Pablo Casado ha presentado una denuncia ante los juzgados de Madrid en la que reclama que se investigue a ambos cargos: al primero por dictar "de manera manifiestamente arbitraria" el cese, que hace unas semanas anuló la Audiencia Nacional; y la segunda por proponerlo.
El PP acude a los tribunales después de que la Audiencia dejase sin efecto el cese del coronel de la Guardia Civil como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid al entender que "el motivo de la decisión discrecional" era "ilegal", y condenase al Ministerio del Interior a restituirlo en su puesto.
Según aquella sentencia, que Interior anunció que recurriría, el motivo del cese fue su rechazo a informar del desarrollo de la investigación sobre la pasada manifestación del 8M que miembros de su Comandancia desarrollaban bajo órdenes de una jueza de Madrid y sobre la que existía deber de reserva.
Un deber que, subraya el PP en su denuncia, conocía Gámez, que propuso el cese; y Pérez, que dictó "la resolución de manera manifiestamente arbitraria, ilegal e injusta, enmascarando la misma bajo la apariencia de un mero acto discrecional" y persiguiendo "burlar cualquier control técnico o jurídico sobre el mismo".
El partido considera que la anulación del cese por la vía contencioso-administrativa "puede anticipar o prever los elementos suficientes para iniciar la acción penal contra las autoridades que participaron en la consumación del acto administrativo ahora anulado".
