Casado reclama un plan para después del estado de alarma
El líder del PP asegura que Pedro Sánchez está a tiempo de dar amparo jurídico a las comunidades autónomas
- El líder del PP, Pablo Casado, advirtió ayer a Pedro Sánchez de que están “a tiempo” de “aprobar en 15 días” un plan jurídico que permita dar amparo a las comunidades autónomas cuando termine el estado de alarma el 9 de mayo. Dicho esto, subrayó que sería “inmoral” si no actúa y no hace estas reformas legislativas porque lo que quiere es que “la responsabilidad la asuman las comunidades” frente al coronavirus y “no tener dañada la reputación electoral”.
Según el presidente del PP hay que dar “respuesta legal” para tener un marco de lucha contra la pandemia y recalcó que ya en abril del año pasado su partido presentó su “plan b jurídico” para no tener que recurrir al estado de alarma. A su juicio, el ordenamiento jurídico español permite llevar a cabo una regulación “sin recurrir a la excepcionalidad constitucional”. A su entender, “no se puede estar nueve meses con estado de alarma, sobre todo cuando el Gobierno se retira y se mete en el burladero de las comunidades autónomas”.
De hecho, señaló que en la propia Ley del estado de alarma de 1981 dice que es “de aplicación para epidemias pero cuando se alargan en el tiempo se tiene que aplicar la Ley de enfermedades infecciosas, que ya no existe”, por lo que habría que recurrir a la vigente “legislación ordinaria”. En este sentido, subrayó que el PP planteó una reforma exprés del artículo 3 de la Ley 3/86 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública que permitiría dar “mayor concreción” a la limitación de movimientos y derechos fundamentales. “Claro que una Ley orgánica puede limitar derechos. ¿O es que el Código Penal no es una Ley orgánica?”, ¡ interpeló, para indicar que la reforma que propuso el PP era una “copia” del Reglamento de la OMS obre pandemias.
Casado indicó además que el PP propuso una modificación de la Ley de lo Contencioso Administrativo para que los que “entendieran” ante cualquier reclamación por esa limitación de derechos fueran los Tribunales Superiores de Justicia. A su entender, eso evitaría “arbitrariedad” por la “disparidad de criterios” .
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