- Iñigo Urkullu marcó el camino y ayer, desde varias Comunidades Autónomas (CCAA), mostraron sus dudas con respecto a la situación jurídica que quedan con respecto a la lucha contra la pandemia si el 9 de mayo, tal como anunció Pedro Sánchez, se da por finalizado el estado de alarma. Cierto es que las principales reticencias hay que buscarlas en comunidades gobernadas por el PP -Andalucía, Murcia, Castilla y León o Galicia- pero también muestran su preocupación Castilla-La Mancha y Nafarroa, ambas con presidencia socialista, e incluso un partido como Compromís, que en este largo año de crisis sanitaria, se ha posicionado al lado del Gobierno español y su presidente.
El pasado martes, tras el Consejo de Ministros, fue el propio presidente del Gobierno quien compareció ante la prensa para anunciar su intención de que el 9 de mayo sea el "punto y final" del estado de alarma y que a partir de entonces, sea el Consejo Interterritorial quien tome las decisiones, aunque no está claro en si este Consejo, en el que está representado el Gobierno y las CCAA, pueda tomar medidas de restricción de la movilidad.
Poco tardó Iñigo Urkullu en mostrar sus dudas a través de las redes sociales puesto que el lehendakari lamentó que Sánchez hubiera lanzado el anuncio "sin contrastar antes con las comunidades autónomas".
A las dudas mostradas en un primer momento por el lehendakari le siguió ayer una cascada de reacciones en las que los responsables de las comunidades autónomas mostraban su preocupación por el "vacío jurídico" en el que pueden quedar el caso de que se produzca un rebrote de la pandemia una vez levantado el estado de alarma.
Así, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, advirtió del "doble salto mortal" que puede significar dejar sin efecto el estado de alarma sin alternativa. Siendo uno de los principales barones territoriales del PP, a lo largo de esta pandemia, Núñez Feijóo no se ha mostrado especialmente beligerante con el Gobierno Sánchez, pero, aun así, ayer consideró precipitado el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo español. "Estamos ante un doble salto mortal; primero, porque no tenemos información de lo que va a ocurrir a partir del 9 de mayo, y en segundo lugar tampoco tenemos una alternativa jurídicamente sólida para poder seguir gestionando la pandemia", aseguró Feijóo, para quien es "urgente" una conferencia de presidentes para saber "cuál es el manual a partir del 9 de mayo".
Igual de contrariado se mostró el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, quien afirmó que con el fin del estado de alarma "perdemos un instrumento poderoso en materia de restricción y limitación de movilidad que permite evitar que el efecto contagio se multiplique". "Creo que nos vamos a quedar sin instrumentos adecuados" en caso de que haya un rebrote, señaló.
Pero con ser relevantes por el peso específico de sus comunidades, no fueron solo gobiernos autonómicos del PP quienes mostraron sus dudas frente a un eventual levantamiento del estado de alarma. Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, comunidad presidida por el socialista Emiliano García-Page, admitió que existen "ciertas dudas, sobre todo desde el punto de vista jurídico, sobre cómo actuar si se acaba el estado de alarma". "En aquellas situaciones donde se tienen que tomar decisiones que tienen que ver con los derechos fundamentales, tenemos dudas que veremos cómo se van trabajando y discutiendo", afirmó.
Aunque no con tanta contundencia, la presidenta de Nafarroa, la socialista María Chivite, afirmó que a su Gobierno no le ha "temblado el pulso" a la hora de tomar decisiones para limitar el avance de la pandemia y en mayo plantearía la prórroga del estado de alarma si fuera necesario a la vista de la evolución del covid.
Además de estas voces desde las autonomías, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, Gorka Urtaran, señaló ayer en Radio Euskadi que le llamó "mucho la atención" el anuncio de Sánchez sobre el estado de alarma. "Ojalá pudiéramos estar en condiciones de levantarlo, pero muchas de las medidas adoptadas vienen amparadas por ese estado de alarma que, si decae, también decaerán muchas de ellas", aseguró.
Por si fuera poco, un partido como Compromís, que no ha dudado en ofrecer su apoyo a Sánchez a lo largo de la pandemia, cuestionaba ayer que el presidente del Gobierno anunciara el fin del estado de alarma sin haber escuchado antes a las comunidades autónomas, por lo que, además de "lealtad institucional", le pidió "calma". En rueda de prensa en el Congreso, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, señaló que cuando el Gobierno delega en las comunidades la gestión del estado de alarma "lo normal" es que antes de hacer un anuncio de este calado lo consulte con ellas.
Frente a las dudas desde las comunidades autónomas, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló ayer que si finalmente decae el estado de alarma el 9 de mayo, serán las comunidades autónomas las que pongan en marcha las medidas de restricción de movilidad que consideren necesarias y que marca la legislación ordinaria de Sanidad y las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial de Salud. "Significa que acabarían las medidas generales, pero lo que no acabaría nunca es la competencia que tienen las CCAA para delimitar medidas de seguridad que pueda pensar en poner en marcha en su territorio", afirmó Montero tras insistir en que los cierres perimetrales podrían desaparecer dependiendo de la incidencia de la pandemia en cada territorio.
La portavoz del Ejecutivo, además, confirmó la intención de no prorrogar el actual estado de alarma, toda vez que la tendencia de los contagios no alcanza las olas de octubre y noviembre, y confió en que no se produzca una cuarta ola.
"Estamos ante un doble salto mortal, sin información y sin una opción jurídica sólida"
Presidente de Galicia
La decisión de Pedro Sánchez es precipitada y no está dialogada con las comunidades"
Presidente de Andalucía
"Si decae el estado de alarma, las CCAA pueden delimitar medidas de seguridad"
Ptvoz. del Gobierno español
