- La reunión que mantendrán hoy los responsables de seguridad de los gobiernos vasco y español está muy lejos de ser una simple cita protocolaria. El encuentro ha levantado ciertas expectativas, y se prevé que sirva para agilizar de puertas adentro y en un ámbito de discreción cuestiones de calado político que abarcan desde la transferencia de las prisiones, cada vez más cerca, hasta la necesidad de convocar cuanto antes una Junta de Seguridad que no se cita desde el año 2017.

Según adelantan fuentes del departamento a este periódico, el vicelehendakari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, quiere que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se “comprometa a convocar” la Junta de Seguridad, cuya última reunión se remonta a la etapa del Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Esa Junta tendría que servir, tal y como espera el consejero, para incrementar el bagaje competencial y contar con la totalidad de las herramientas de autogobierno en este terreno, como el traspaso de los servicios de meteorología y salvamento marítimo, y estudiar la participación vasca en el pleno o, como mínimo, los grupos de trabajo de la Unión Europea en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior. Las mismas fuentes confirman que en el orden del día estará el traspaso de las prisiones, una cuestión que también señaló el delegado del Gobierno español. Itxaso aseguró que la cita es importante, lo que contribuye a alimentar la sensación de que el traspaso está al caer y marcha bien.

Las conversaciones sobre las prisiones avanzan porque existe un compromiso político para cumplir el Estatuto de Gernika. No hay resistencias más allá de la habitual complejidad técnica y económica de cualquier traspaso. La consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, ya cuenta desde el periodo navideño con un compromiso verbal del Gobierno español sobre el régimen del traspaso de esta competencia. Ya existe un acuerdo político sobre la filosofía del traspaso, y lo que queda pendiente es la valoración económica y su contenido material, es decir, el acuerdo sobre los edificios penitenciarios y los trabajadores. En estos momentos trabajan en las prisiones vascas unos 700 funcionarios, y unas decenas de personal laboral. A todos ellos se les respetará el contrato, se subrogará y se hará posible su incorporación a la Administración vasca. El traspaso afecta a la gestión de las cárceles de Basauri, Zaballa, la futura prisión de Zubieta que va a sustituir a la de Martutene y, probablemente, en la medida en que ya no es una cárcel, la antigua prisión de Nanclares quedaría al margen de esta negociación y, con toda probabilidad, las instalaciones seguirán bajo el manto del Estado, aunque oficialmente no se ha abordado aún.

En sentido estricto, en la reunión que mantendrán hoy Erkoreka y Marlaska no les corresponde cerrar este traspaso, pero sí estará en el orden del día y les corresponde abordarlo porque el vicelehendakari preside la Comisión Mixta de Transferencias, y el ministro es el responsable de las cárceles. La consejera Garamendi, en paralelo, ultima una reunión con el nuevo ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Un encuentro que está en ciernes y donde, además de impulsar el traspaso de las prisiones antes de que acabe marzo, van a abordar cuestiones referidas a los funcionarios y la tasa de interinidad. Ayer mismo el Tribunal Constitucional anuló una previsión de la Ley vasca de Policía que permite establecer un turno específico de acceso en las ofertas públicas de empleo para los interinos, en aquellas áreas que superen el 40% de interinidad. Esta decisión, precisamente, ha llegado tras un recurso presentado por el Gobierno español, y puede torpedear de alguna manera la vía abierta por el Ejecutivo vasco para reducir el problema de la interinidad también en otras leyes, como la de Cuerpos y Escalas. Garamendi pide cambios legales al Estado y seguirá trabajando en sus propias vías.

Las sensaciones que transmiten ambas partes son positivas. El propio delegado del Gobierno español en la comunidad autónoma, Denis Itxaso, alimentó ayer las expectativas al anunciar en ETB1 que la “importante” reunión entre Erkoreka y Marlaska servirá para abordar el traspaso. Él mismo, con el viceconsejero Josu Zubiaga, estará presente en la cita que comenzará a las 10.00 horas en la delegación del Gobierno español en Gasteiz.

Todas estas reuniones se producen después de que el lehendakari Urkullu y el presidente Sánchez mantuvieran un encuentro que sirvió como palanca para activar estos compromisos y agilizar cinco de las materias del paquete más inmediato de transferencias: las prisiones, el Ingreso Mínimo Vital, los códigos bibliográficos ISBN e ISSN, el transporte por carretera y la ordenación del litoral. En cuanto a las prisiones, las instituciones vascas pasarán a gestionar las cárceles, pero la política penitenciaria y las leyes que establecen las condiciones para acogerse a una progresión de grado o un permiso de salida seguirán siendo competencia estatal. A partir de ahí, cuando se concrete el traspaso, será la consejera Beatriz Artolazabal quien impulse una gestión con un enfoque humanista, dirigida a la resocialización de los presos y la autocrítica, y priorizando el cumplimiento en régimen abierto. Mientras tanto, se sucede el goteo de acercamientos de presos, que puede interpretarse como la antesala de que el Estado se desprenda de la competencia.

Erkoreka y Marlaska, además, gestionan el cumplimiento de las restricciones de movilidad puestas en marcha para frenar el virus. Sobrevuela la Ley Antipandemia que baraja aprobar el lehendakari para clarificar el marco competencial y dar seguridad jurídica. Urkullu pide asimismo al Estado que ofrezca la opción de adelantar el toque de queda.