- Enrique Rodríguez Galindo, fallecido por coronavirus este sábado, fue el general de la Guardia Civil más laureado en la lucha contra ETA, aunque acabó condenado a 75 años de prisión por su implicación en el secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala. Hijo de un brigada de la Benemérita y nacido en Granada el 5 de febrero de 1939, ingresó en 1958 en la Academia Militar de la Guardia Civil de Úbeda (Jaén) y dos años después, en 1960, en la Academia Militar de Zaragoza, donde acabó como número dos de su promoción.
En 1969 fue trasladado a la Agrupación de Tráfico de San Sebastián, donde permaneció hasta que en 1980 se hizo cargo de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, con sede en Intxaurrondo. Durante los quince años que pasó al frente de esta Comandancia, fueron desarticulados unos 90 comandos de ETA y detenidos más de 800 activistas, lo que le valió una prestigiosa reputación como experto en la lucha antiterrorista.
El informe Navajas, relativo a su presunta implicación en tramas de contrabando y tráfico de drogas, investigación finalmente archivada, ensombreció entonces su currículum. El 13 de diciembre de 1995 fue destinado a la Dirección General de la Guardia Civil, donde ejerció de vocal asesor del director del Instituto, Ferrán Cardenal.
Sin embargo, la reapertura del caso Lasa Zabala, relativo al secuestro y asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, por guardias civiles de Intxaurrondo, había centrado ya las investigaciones en torno a él. Y su nombramiento como general de la Benemérita por el Consejo de Ministros el 4 de agosto de 1995, agudizó aún más la polémica.
El 23 de mayo de 1996, el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, instructor del caso, ordenó su prisión incondicional y un día después, el Ministerio del Interior le cesó en el cargo. El 2 de agosto de 1996, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó el auto de prisión y Galindo abandonó la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), donde se encontraba, y a la que volvió un año después, a raíz de las acusaciones que, en agosto de 1997, el también procesado miembro de la Guardia Civil Felipe Bayo vertió contra él. En junio de 1998, Galindo abandonó de nuevo la prisión tras el pago de una fianza de 75 millones de pesetas (451.000 euros).
Finalmente el 26 de abril de 2000, la Audiencia Nacional le condenó a 71 años de prisión por el secuestro y asesinato de los presuntos etarras y el 9 de mayo reingresó en la prisión alcalaína.
El 25 de julio de 2001, el Tribunal Supremo aumentó en cuatro años la pena de cárcel impuesta, y el 2 de abril de 2002, el que fuera el general más laureado en la lucha contra ETA perdió oficialmente su condición de miembro de la Guardia Civil. El 22 de julio de ese mismo año, el Tribunal Constitucional confirmó la pena y el 20 de diciembre de 2002, el Tribunal Supremo rechazó la petición de indulto dada “la extraordinaria gravedad de los hechos y consecuentemente de las penas impuestas”.
El 14 de julio de 2003, Rodríguez Galindo fue trasladado desde la prisión militar de Alcalá de Henares a la prisión civil de Ocaña II, en Toledo. En septiembre de 2004, y tras serle varias veces denegada la concesión del tercer grado, la Dirección General de Instituciones Penitenciarias permitió a Galindo que cumpliera su condena fuera de la cárcel dada la grave enfermedad cardiovascular que padecía y su avanzada edad.
La Dirección General resolvió, sin embargo, mantener el segundo grado de tratamiento al exgeneral, que el 1 de octubre abandonó la cárcel de Ocaña y ese mismo mes ingresó en una clínica de Zaragoza, aquejado de una crisis cardiaca.
