- Iparralde sigue conmocionada por el asesinato de un chófer del Trambus. Hace unos días, una conductora recibió amenazas de muerte…
-Tras el asesinato de Philippe Monguillot, el eco en los medios de comunicación y la visita de varios ministros, hemos puesto en marcha un sistema de geolocalización que permite a los conductores estar conectados permanentemente con la comisaría. Un vigilante acompaña en todo momento a los conductores y todos los incidentes tienen ahora una respuesta. La seguridad cuesta 500.000 euros. Queremos crear una policía comunitaria que pueda patrullar en distintas localidades porque en la actualidad los agentes de la policía municipal de Baiona no pueden intervenir en otras localidades.
Usted también recibió amenazas de muerte…
-Es la primera vez. Ya he presentado una denuncia y han encontrado al autor. Noto cierta debilidad psicológica en la sociedad. Es grave, pero hay que minimizar lo ocurrido porque no estamos en Chicago. Salgo de casa y me desplazo en bicicleta sin problemas.
¿Va a retirar el decreto que la oposición califica de “anti-indigentes”?
-Existe una polémica sobre la actualización del decreto de 2002. Como en todas las ciudades, en Baiona también aumenta la precariedad. Algunos colectivos humanitarios solían repartir unas 40-50 comidas diarias, pero ahora son más de 80. Y el fenómeno se extiende a las zonas rurales. Hemos abierto un centro de acogida para indigentes en el polideportivo Lauga con la ayuda económica del Estado y de 80 voluntarios en el que albergamos a 45 personas. Desde el principio, la Mancomunidad se hizo con la competencia de acción social. Hay que buscar soluciones a largo plazo. No hemos puesto multas aunque algunos aseguren que sí. ¿Pueden enseñar estas multas de las que hablan? Como primer edil he pedido que no haya multas ya que, de momento, prefiero la pedagogía.