- Una de las primeras medidas anunciadas por Pedro Sánchez cuando llegó a Moncloa fue exhumar a Franco del Valle de los Caídos, lo que acabó llevando a cabo aunque tuvieron que pasar meses para ello. Entonces se inició el debate sobre el futuro del mausoleo de Cuelgamuros, y el anteproyecto de ley aprobado ayer despeja el camino para actuar al respecto.
Así, el Gobierno planea “resignificar el Valle de los Caídos” para convertirlo en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional y en el que las “30.000 víctimas de los dos bancos tengan paz y respeto”, avanzó la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Añadió que esa “resignificación” se hará en el futuro y está aún por estudiar, pero “de momento, se convertirá en un verdadero cementerio civil, de respeto y de paz de todas las víctimas que son de los dos bandos”. De dicha resignificación dependerá a su vez el destino de la gran cruz de 150 metros que preside la basílica.
La fundación de los benedictinos presente en el Valle también “se extinguirá automáticamente” porque “ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática”. Dicha fundación “no está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos”, dijo. Añadió que “hasta que se produzca la extinción, habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos”.
La ministra explicó que tanto las fundaciones públicas como las privadas que tengan una repercusión pública “no pueden enaltecer las dictaduras ni los totalitarismos ni las figuras correspondientes”. “Todo lo que tenga repercusión pública no puede estar en esos fines que están expresamente prohibidos por esta ley”, zanjó. Concluyó que la nueva norma también retirará las condecoraciones que conllevan el reconocimiento de quienes en el ámbito de la función pública, civil o militar, están o han estado inmersos en violaciones directas de derechos humanos bien en el periodo de la dictadura o posteriormente.
