- El próximo Gobierno Vasco no quiere ser un gigante con los pies de barro. La mayoría absoluta que esta vez desbordan con comodidad PNV y PSE los protege ante cualquier ofensiva de los partidos de la oposición, pero se pretende también que tenga solidez interna y, para ello, ambos socios están empeñados en que la negociación del programa de gobierno se salde con un acuerdo bien armado, que abarque el máximo número posible de materias. Se trata de acordar prácticamente todo. Los debates en los que no cuaje el entendimiento, que se pretende que sean la excepción, deben también quedar identificados. En la jerga política, se las conoce como discrepancias pactadas. Se pretende acometer una labor minuciosa que tenga previstos todos los escenarios posibles que pueden surgir en el transcurso de la legislatura y no dejar nada al azar. Al margen de la clásica discrepancia sobre el nuevo estatus de autogobierno, en la gestión ordinaria del día a día PNV y PSE van a tener que lidiar en esta ocasión con un escenario especialmente cambiante por la pandemia del coronavirus, que va a merecer una atención especial por su complejidad: obligará a contemplar todos los horizontes posibles, a establecer y levantar restricciones y a batallar con el desarrollo del curso escolar, la situación de los hosteleros por las limitaciones al ocio nocturno, y el empleo. La sanidad, la educación y el proceso de desescalada y vuelta a la nueva normalidad van a poner a prueba la gestión.
Desde el PSE ponen el acento en la necesidad de dejar bien cubierto el programa para garantizar el éxito del gobierno. No obstante, no precisan dónde pueden radicar ahora las mayores diferencias entre los aliados. En 2016, la gran discrepancia pactada con mayúsculas la encarnó el nuevo estatus de autogobierno, un asunto que esta vez también se asume que tendrá que recogerse de una manera u otra, de forma pactada o como divergencia dejando libertad de voto a los socios en la tramitación parlamentaria. En el transcurso de la anterior legislatura también surgieron roces por la desescalada y el debate sobre quién debía tener el mando (el Gobierno Vasco o el español), y qué medidas se debían implementar en la vuelta a la normalidad. El PNV tuvo sus más y sus menos con el presidente español, el socialista Pedro Sánchez, por el cierre total de la industria, que finalmente se recondujo; o, en general, por el estado de alarma y la asunción del mando único desde el Gobierno español. Los socialistas vascos apostaron por mostrar su lealtad a Sánchez y saltaron algunas chispas con sus aliados en el Gobierno de Urkullu. La graduación de las medidas ante la pandemia y la recentralización con el mando único de Sánchez fueron motivos de discordia y puntos calientes que parecen haber quedado atrás con el traspaso del mando al lehendakari Urkullu, pero no se descarta que afloren nuevamente y pongan a prueba la sintonía de los aliados. En el horizonte flamea también la negociación del límite de deuda y déficit con el Estado para cubrir la caída de ingresos por la disminución de la recaudación fiscal.
Del nivel de intimidad que se detecte estos días en el programa de gobierno va a depender que la alianza desemboque, como se espera, en repetir el ejecutivo de coalición. La principal incógnita radica en la entrada o no de Idoia Mendia como vicelehendakari para aumentar el peso político del PSE, una hipótesis que ha cobrado fuerza.
La propia Mendia destacaba en una entrevista concedida recientemente a este periódico que la firma del programa iba a requerir tiempo porque “el éxito o fracaso del Gobierno de coalición depende del acierto que tengamos en el programa”. “Hay que prever todos los escenarios que pueden ocurrir en cuatro años, hay que salvaguardar al gobierno de zozobras y de broncas... Hay que trabajarlo bien y tratar de acordar casi todo, y lo que no se puede acordar, tenerlo bien identificado”, abundó.
El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, también mostró en las páginas de este periódico su preferencia por un acuerdo sólido para afrontar un reto que considera histórico. Se inclinó por un gobierno de coalición. La fórmula del ejecutivo se pactará después de abordar el programa, con el horizonte de tenerlo todo listo antes del 28 de agosto, el límite para registrar las candidaturas a la investidura. El 3 de septiembre, si todo marcha según lo previsto, Iñigo Urkullu será proclamado como lehendakari en primera votación con la mayoría absoluta de PNV y PSE.
28 de agosto y 3 de septiembre. PNV y PSE se proponen alcanzar un acuerdo antes del 28 de agosto, el plazo límite para registrar las candidaturas a lehendakari. De esa forma, llegarán con mayor holgura a la sesión de investidura del 3 de septiembre, porque antes de ella se deben refrendar los acuerdos en los órganos internos de ambos partidos, y celebrar una consulta entre la militancia socialista, un último requisito que no era necesario en el acuerdo de hace cuatro años.