- Cuando los traslados de presos de ETA a cárceles de Euskadi o próximas superan ya la cincuentena, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, niega que se trate de un plan específico y asegura que su departamento no tiene "presiones" de ningún tipo para consumar acercamientos de los reclusos de la organización. En ese sentido, asegura que deciden "libremente" dentro del marco jurídico la política penitenciaria a aplicar, y recuerda que hasta la fecha no se han producido recursos en los tribunales, ni por parte de la Fiscalía ni por parte de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

En la fecha de ayer se consumaron otros dos acercamientos de reclusos de ETA a cárceles cercanas a la CAV: Gorka Vidal e Iñigo Vallejo fueron trasladados a las prisiones de Logroño y Dueñas (Palencia), según informó la asociación de familiares de presos Etxerat. Vidal, que cumple una pena de 20 años por colaboración con banda armada, se encontraba hasta el momento en el centro penitenciario de Córdoba; mientras que Vallejo, que fue condenado a 28 años por pertenencia a organización terrorista y lesiones, estaba en la cárcel de Segovia.

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018, el Ejecutivo español ha acercado a 54 reclusos de la organización armada. Este proceso se ha precipitado en la actual legislatura, ya que más de la mitad de dichos traslados se han producido en los últimos ocho meses, desde que comenzó el segundo mandato de Sánchez en enero. De cualquier forma, desde Instituciones Penitenciarias niegan en todo momento que existe un plan para consumar estos movimientos de presos. "No hay ninguna exigencia o ningún plan que nos hagan llegar. Aquí se reciben comunicaciones y cada una de las opciones políticas expresa su punto de vista, pero la responsabilidad y la gestión corresponde al equipo del Ministerio del Interior y actuamos con entera libertad, y teniendo como guía el marco jurídico", argumenta Ángel Luis Ortiz en una entrevista con Europa Press.

El máximo responsable de Prisiones recuerda que el ministro Fernando Grande-Marlaska se comprometió al acceder al cargo hace dos años a informar a las asociaciones de víctimas antes de cada acercamiento o progresión de grado de presos de ETA, promesa que se ha cumplido. Pero el Gobierno también aseguró que en ningún caso trasladaría a reclusos con crímenes de sangre a sus espaldas, lo que en algunos casos sí se ha producido.

Estos contados traslados de internos condenados por asesinato, que en ningún caso han sido acercados a Euskadi pero sí a prisiones próximas, han indignado a colectivos de víctimas del terrorismo como la AVT o Dignidad y Justicia, mientras que la derecha también intenta utilizar el asunto como arma arrojadiza contra el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos. Otras asociaciones de víctimas, sin embargo, se resignan a estos acercamientos. Es el caso de Covite, que acepta que son inevitables y se conforma con que el Gobierno les avise con anterioridad a que se produzcan.

En cualquier caso, desde Interior explican que todos los presos acercados cumplen requisitos como haber cumplido las tres cuartas partes de la condena y acatar la legalidad penitenciaria. Lo mismo ocurre en los casos de progresión al tercer grado o régimen de semilibertad que, según detalla Vidal, ascienden a once.

Por otra parte, Instituciones Penitenciarias reduce a un núcleo mínimo de unos quince presos de ETA los que rechazan cualquier posibilidad de reinserción. Según los informes de las prisiones, luego existe en torno a un centenar de reclusos que se mantienen en una indefinición a la hora de aceptar la legislación penitenciaria, lo que abriría la posibilidad a pedir un traslado a cárceles más próximas a su núcleo familiar.

"Nos estamos moviendo dentro del marco de la legalidad y prueba de ello es que las decisiones que se han adoptado en lo que afecta a condenados por terrorismo en ninguno de los casos ha sido recurrido en estos momentos ni por el Ministerio Fiscal ni por las víctimas", concluye el secretario general de Instituciones Penitenciarias.