- Como un intermitente que a veces se apaga y otras se enciende. Así definió ayer el PNV su relación con el presidente español, Pedro Sánchez, con quien los jeltzales se han sentido "defraudados", aunque su último acuerdo para gestionar desde Euskadi el ingreso mínimo vital ha actuado como un revulsivo para recomponer los maltrechos puentes entre ambas partes. El presidente de la ejecutiva jeltzale, Andoni Ortuzar, matizó ayer que su partido no se puede permitir "que un enfado deje a la ciudadanía vasca sin defensa o sin un buen acuerdo", y se abrió a negociar una sexta prórroga del estado de alarma siempre y cuando sea la última, se abra la puerta a la normalidad y que el Gobierno Vasco gestione el "100% de sus competencias".

El grupo del PNV en el Congreso de los Diputados, liderado por Aitor Esteban, espera conocer con antelación el planteamiento de Sánchez, aunque las filtraciones en los medios de comunicación no le suenan mal y, si se confirman, el plan podría ser asumible. En concreto, podría suceder que Sánchez pidiera una prórroga en todo el Estado, pero dejara después en manos de los presidentes autonómicos la decisión de levantar el estado de alarma. Se fijarían algunos requisitos para hacerlo, como encontrarse en la fase 3 de la desescalada, para evitar que comunidades como la de Madrid o Catalunya decidieran enfrentarse a Sánchez y salir del estado de alarma sin estar preparadas desde el punto de vista sanitario. En principio, con la salvedad de esa garantía, Sánchez estaría devolviendo las competencias a las comunidades y el planteamiento podría encajar en la devolución del autogobierno que plantea Ortuzar. Hoy mismo se celebra un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el ingreso mínimo vital, donde el Gobierno español podría aclarar algo más. El tiempo corre, porque esta prórroga debería votarse el miércoles en el Congreso. En teoría, Sánchez tiene un plan alternativo por si no lograra los votos, piensa en un decreto y medidas puntuales para limitar la movilidad e impulsar la economía.

En una entrevista en la Cadena Ser, Ortuzar avisó de que primero habrá que hablar sobre "cómo se materializa la prórroga". "Esperemos que el Gobierno nos haga un planteamiento con un poquito más de antelación de lo que nos suele hacer. Esta debiera ser la última prórroga y una prórroga que abriera la puerta a la normalidad, también a la normalidad institucional y a que cada institución haga lo que tenga que hacer. El Gobierno Vasco debería gestionar el 100% de sus competencias", dijo. El PNV había planteado que el estado de alarma no es necesario y que se puede operar con la legislación ordinaria pero, si en la práctica se rebaja el alcance de ese estado de alarma y se deja además en manos de las comunidades autónomas, Ortuzar no tendría problema en estudiar esa prórroga descafeinada. Aclaró que "ahora tocaría hablar de cómo somos capaces de combinar lo que el Gobierno del Estado quiere garantizar y ese respeto al ámbito institucional de cada gobierno, de cada comunidad autónoma, que creemos que es compatible". Sánchez espera contar otra vez con los votos a favor del PNV y C's, y parece evidente que el pacto sobre el ingreso mínimo vital pretende allanar el camino con los jeltzales.

Ortuzar explicó el descontento del PNV con el pacto entre el PSOE y EH Bildu sobre la reforma laboral y el gasto en los ayuntamientos (aunque la primera parte fue matizada y devaluada) en que se incumplió el pacto de investidura con los jeltzales, que obliga a Sánchez a informarlos de las modificaciones de ese tipo. Sin embargo, admitió que no le pareció plato de buen gusto a un mes y medio de las elecciones vascas. "No tenemos un ataque de celos porque se haya acercado a Bildu. Se habrá dado cuenta a estas alturas de que todo el que se acerca a Bildu se quema", zanjó. En cuanto al pacto sobre el ingreso mínimo, Catalunya está reclamando también para sí misma la gestión de esta prestación estatal, siguiendo el modelo del sistema de pensiones no contributivas. Galicia, del PP, también lo reclama. En principio, el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, justifica la gestión en la CAV y Nafarroa en que "la singularidad foral tiene que tener un tratamiento distinto en la gestión".