- El Gobierno español afronta una nueva negociación a múltiples bandas y a contrarreloj de cara a ver aprobada mañana en el Congreso la última y definitiva prórroga del estado de alarma, totalmente diferente de las anteriores -duraría en torno a un mes y sería asimétrica por territorios- y que despierta filias y fobias entre los grupos de los que depende el gabinete de Pedro Sánchez, merced a la exigua suma de 155 escaños de PSOE y Unidas Podemos. En esta tesitura, dos vías se abren para el Ejecutivo de coalición: contar con el apoyo de ERC, como en las primeras prórrogas, o buscar el respaldo de Ciudadanos, como sucedió en el pleno anterior. Dos formaciones, republicanos y naranjas, que casan como el agua y el aceite, como dejó claro ayer el partido que preside Inés Arrimadas: "Sánchez tiene que elegir" entre una de las dos opciones.
El principal problema de C's con el planteamiento del Gobierno español, que se conocerá hoy en toda su amplitud tras su aprobación en Consejo de Ministros, es la duración de esta nueva prórroga para la desescalada. El portavoz adjunto de C's en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, afirmó ayer que su partido exigirá al Gobierno que la próxima prórroga del estado de alarma dure menos de treinta días y que no se vincule a la activación de la mesa de diálogo con la Generalitat de Catalunya, como ha propuesto ERC a cambio de sus votos.
En una rueda de prensa telemática tras la reunión semanal del Comité Permanente del partido, en la que no participó Arrimadas al estar ya próximo el nacimiento de su hijo, Bal advirtió de que, para empezar a negociar su voto a favor, es "imprescindible" que sea sobre un periodo más "razonable", de quince días. Añadió que, si Sánchez opta por "una prórroga por plazo indefinido, sin ningún tipo de control y dando privilegios a determinados territorios de España y rompiendo la unidad de todos los españoles", no obtendrá el respaldo de C's.
La situación tampoco se antoja sencilla para Moncloa en el frente de los partidos catalanes. JxCat y ERC exigieron al Ejecutivo que devuelva el poder de decisión al Govern que preside Quim Torra para las fases de desescalada, a cambio de su eventual abstención en la votación de la próxima prórroga del estado de alarma. Así, mientras se desarrollan las conversaciones, ERC se mantiene en el no, tal y como hizo en la anterior votación. Su portavoz, Marta Vilalta, reclamó ayer que ya "no tiene sentido que se mantenga la centralización". Pidió por ello que se pueda decidir "desde la proximidad, y no desde la distancia".
Esta posición tuvo respuesta ayer mismo por parte del Ejecutivo español, que advirtió de que no renunciará al mando único sanitario en esta quinta prórroga, y que no va a cambiar ese criterio aunque se lo pidan partidos como ERC para cambiar su voto. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, defendió que durante toda esta crisis "en ningún momento se han recabado competencias de las comunidades autónomas", que las han mantenido. Según ella, lo que ha habido es "simplemente la coordinación obligatoria de las autoridades competentes para poder dar una respuesta por igual" a la lucha contra el covid-19.
El PP reafirmó su voto negativo (acusó a Sánchez de negociar con la salud de los españoles para mantener el Gobierno), y UPN anunció que sus dos diputados se abstendrán, aunque advirtió de que será la última vez que no se oponga a una prórroga.
"Si plantean una prórroga con privilegios a determinados territorios, C's no estará a su lado"
Portavoz adjunto de C's en el Congreso
"El Govern no quiere ser solo una gestoría, quiere tomar las decisiones que afectan a sus ciudadanos"
Portavoz de ERC
