- El Congreso aprobará hoy la prolongación del estado de alarma hasta el 11 de abril sin la estridencia de una sesión de control rutinaria, en aras de trasladar una imagen de unidad en la lucha contra el virus, pero sin que el trámite vaya a suponer un camino de rosas para Pedro Sánchez y la gestión de la crisis sanitaria por parte del Gobierno de coalición. Bajo las condiciones que rigen actualmente, es decir, sin permitir el confinamiento total de ciertos territorios como Catalunya, lo que llevará a grupos como Esquerra y EH Bildu a abstenerse -a quien podrían sumarse JxCat y BNG, con la duda de si la CUP votará "no"-; todos los decretos leyes que hacen frente a esta pandemia saldrán adelante con el apoyo mayoritario, en muchos casos con matices y buenas dosis de crítica, de PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, Ciudadanos, Más País o partidos como Compromís, Coalición Canaria y Nueva Canarias, UPN, Foro Asturias o Teruel Existe, en una jornada que arrancará a las 15.00 horas y a la que asistirán los diputados intervinientes y unos 44 en total, con voto telemático.

"El Gobierno espera contar con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias", aseveró ayer la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, antes de recalcar que "la sociedad quiere que el conjunto de los responsables políticos" muestren unidad. "Somos conscientes de las inquietudes y desazón que genera el confinamiento para las familias, pero las autoridades sanitarias y los expertos coinciden en que es una medida efectiva" para alcanzar el primer objetivo: aplanar la curva de contagios y que luego vaya descendiendo, razonó la dirigente socialista, de cara a un pleno que también convalidará los decretos leyes que contemplan medidas económicas inéditas en la historia de la democracia para ayudar a empresas, trabajadores y ciudadanos a enfrentar la emergencia económica y social provocada por la crisis del covid-19.

La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, defenderá la movilización de recursos por valor de 200.000 millones de euros, el 2 % del PIB, la suspensión de los desahucios y moratorias en el pago de las hipotecas, la agilización de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE), y una prestación extraordinaria para los autónomos que cesen la actividad o tengan pérdidas severas, entre otras medidas. Además, se someterán a votación las que atañen a afrontar la crisis del campo y la supresión del despido por acumulación de bajas médicas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, avalará el decreto con el que busca garantizar precios justos a los productores, que cubran los precios de producción y eliminar la llamada venta a pérdidas.

Desde ERC insisten en que el rechazo al aislamiento generalizado les impide respaldar la prolongación de la alarma porque esta no basta por sí sola para frenar la pandemia, con un Gobierno más ocupado en recentralizar decisiones, denuncia que mantiene Quim Torra desde el inicio de esta crisis. El PNV respalda alargar este escenario pero siempre "dentro de lo necesario", en tanto que el lehendakari Iñigo Urkullu señaló ayer que "estamos hablando de salud pública y estoy de acuerdo con la medida. No hay nada que cuestionar en este sentido". El PP apoyará al Gobierno pero desde una posición muy crítica. Su presidente, Pablo Casado, exigió a Sánchez "más eficacia en la gestión". "Demasiadas vidas truncadas y familias destrozadas que ni pueden despedirles", lamentó. Su secretario general, Teodoro García Egea, fue más allá: "Sánchez no está siendo leal con los españoles, con los sanitarios y con los que luchan en primera línea de batalla". Vox quiere obligar a indemnizar a colectivos, como los sanitarios o los policías, que estén prestando sus servicios sin haber recibido los Equipos de Protección Individuales (EPIs) adecuados para ello.

"La sociedad quiere que el conjunto de los responsables políticos muestren unidad"

Portavoz del Gobierno español

"Exigimos una gestión más eficaz: demasiadas vidas truncadas y familias destrozadas"

Presidente del PP