bilbao - Puede que el coronavirus obligara ayer a los representantes de los gobiernos vasco y español a evitar los apretones de manos y los besos, pero la sintonía no pudo ser mayor en la reunión celebrada en Madrid. La Comisión Mixta del Concierto Económico se saldó con un avance crucial para reforzar la relación bilateral, de igual a igual, entre las instituciones vascas y el Estado en materia económica: Madrid accedió a que el Gobierno Vasco tenga unos límites de déficit y deuda específicos y distintos a los que tienen las comunidades de régimen común, lo que supone blindar su singularidad foral al margen del carril del resto, y diferencia a los vascos aún más del conjunto del Estado. El Gobierno Vasco tendrá un déficit del 0% los próximos cuatro años pero, con la crisis del coronavirus en mente y ante el riesgo de que se produzca una desaceleración mundial, el consejero Pedro Azpiazu pactó con la ministra María Jesús Montero un resquicio para que el Gobierno Vasco pueda incurrir en déficit, en números rojos, si se produce un cambio significativo en las previsiones macroeconómicas por causas ajenas a la gestión de las instituciones vascas.
En resumen, la comunidad autónoma se va a diferenciar del resto en un contexto de normalidad económica, y también en uno excepcional. El acuerdo supone, asimismo, que las diputaciones forales vascas aumenten su capacidad recaudatoria: se reconoció por primera vez que son las competentes para encargarse del IVA OSS. La consejería no se atreve a realizar una estimación, pero habla de una cantidad muy elevada de dinero. El impuesto se aplicaba a servicios de telecomunicaciones entre países, y a partir del 1 de enero del año que viene se aplicará a todas las operaciones de compraventa transfronterizas. El acuerdo aporta claridad y certidumbre en un impuesto complicado donde están implicadas haciendas de varios países.
Los objetivos de déficit para la comunidad autónoma serán del 0%, equilibrio presupuestario, hasta 2023 incluido. El Gobierno Vasco, de hecho, se encuentra en superávit desde 2017 por su apuesta por tener unas cuentas ordenadas. Estos objetivos suponen hacer oficial lo que ya se venía practicando por propia iniciativa en suelo vasco. Su valor radica en llevar al papel y hacer visible que la CAV sigue su propia vía frente a los territorios de régimen común, que tendrán un límite del 0,2% para este año y no alcanzarán el 0% hasta 2022 porque parten de una situación menos saneada. El superávit vasco permite al Gobierno de Urkullu redirigir ese dinero a inversiones sostenibles y, en este punto, también hay novedades porque puede haber un margen mayor y más campos a los que destinar ese dinero. Se ha alcanzado un acuerdo que da aire a la influencia del PNV en Madrid: en consonancia con el pacto de investidura firmado con Sánchez, se ha pactado que ambos gobiernos aborden las leyes que pretendan activar mecanismos para flexibilizar la regla de gasto y las actuaciones a las que se puede destinar ese superávit. Los criterios de reinversión del superávit vasco se van a ratificar en una nueva reunión de la Comisión Mixta antes de julio de 2020.
Las metas de estabilidad pueden cambiar y ser más flexibles, siempre previo acuerdo de la Comisión Mixta, si llegan tiempos de dificultades. Los objetivos de deuda también son específicos (11,8% del PIB este año; 11,4% en 2021; 11% en 2022 y 10,6% en 2023). En cuanto al IVA OSS, se ha conseguido que las diputaciones forales puedan recaudar este importante impuesto. Esta figura supone, por ejemplo, que las diputaciones forales recaudarían el IVA de un ciudadano italiano que compre un periódico vasco en Euskadi.
Además, se confirmó la información avanzada ayer por este diario: ambos gobiernos se han emplazado a trabajar para buscar las vías y permitir que las instituciones vascas tengan presencia directa en foros europeos como el Ecofin, que reúne a los ministros de Finanzas de la Unión Europea. Lo abordarán en la próxima reunión de la Comisión Bilateral. Es una demanda histórica del PNV y con gran simbolismo. Las resistencias del Estado han sido una constante, pero ahora se abre a "mejorar" la participación.
cupo La cita fue como la seda, y ambas partes dejaron en orden y completamente cerrados los últimos cálculos del Cupo, el dinero que paga Euskadi a Madrid por varias infraestructuras, el Ejército, la Corona y otras materias no transferidas. Azpiazu consideró que se ha firmado la "paz financiera" hasta 2019. Esto supone que el Gobierno Vasco acabe la legislatura sin dejar coleando este asunto, que en ocasiones ha llegado a ser un caballo de batalla. Además, no ha habido mayores discrepancias en el cálculo. Se cerró también la participación en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que supondrá descontar del Cupo 24 millones en el periodo hasta 2022. En el Cupo, se ha acordado un pago de las instituciones vascas de 1.214,2 millones con 81,7 de compensaciones financieras para 2017; y 1.341,1 con una compensación de 79,5 para 2018. De manera provisional, en 2019 se habla de 1.353,1 millones con compensación de 86,9.
Tras esos 13 acuerdos, Azpiazu puso en valor cómo se ha reforzado la bilateralidad con los límites específicos. "Esto supone una diferenciación con las comunidades de régimen común en situación normal de escenario base, pero también se ha pactado que estos objetivos puedan variar en caso de darse un cambio significativo de las previsiones macroeconómicas no atribuible a decisiones discrecionales de la comunidad autónoma. Tenemos el desgraciado ejemplo perfecto del Covid-19, para el cual el lehendakari ha anunciado un fondo de emergencia de 300 millones", explicó. Añadió que estos acuerdos "benefician a Euskadi y son buenos también para continuar manteniendo unas relaciones normalizadas con el Gobierno de España". Desde el Ministerio destacaron la "normalidad democrática y lealtad institucional", y su compromiso con los territorios.
algunos acuerdos
Cupos de 2017 y 2018. Se ha acordado un pago de las instituciones vascas de 1.214,2 millones, con 81,7 por compensaciones financieras en 2017; y 1.341,1 con compensaciones de 79,5 en 2018. De manera provisional para 2019, se han perfilado 1.353,1 millones con compensación de 86,9.
Políticas activas. 134,4 millones en 2016; 131 en 2017; 181,5 en 2018; y 276,5 provisionales en 2019.
Objetivos de déficit. 0% hasta 2023 incluido. Si empeoran las previsiones, podrá haber déficit.
Objetivos de deuda. 11,8% del PIB este año; 11,4% en 2021; 11% en 2022; y 10,6% en 2023.
IVA OSS. Lo recaudarán las diputaciones.
Compensaciones. 248 millones por impuestos especiales concertados los años 2017-2019.
