GASTEIZ- A punto de cerrarse la legislatura vasca, el secretario general de Convivencia y Derechos Humanos hace balance de estos cuatro años en los que ha gestionado, en la parte que le toca, el final definitivo de ETA. Con todo, mantiene abierta la agenda relacionada con el fin de la banda en lo que afecta a presos, víctimas y políticas de memoria. Reconoce que mientras los estertores de la banda se han ido apagando, se ha ido alumbrando otra agenda, la de los derechos humanos, que paulatinamente ha ido acaparando más protagonismo y en la que, asegura, le gustaría volcarse en el futuro.

Esta ha sido la legislatura del final definitivo de ETA (desarme y disolución). ¿Lo hubiera hecho de otro modo?

-Por encima de todo debería de haberse llevado a cabo muchísimo antes desde el punto de vista histórico, pero también en lo que fue el tramo desde el anuncio de abandono de la violencia en 2011 hasta su desarme y disolución en 2018. Una revisión crítica de los últimos años no justifica siete años hasta la desaparición definitiva de ETA.

¿Siete años mareando la perdiz?

-Nosotros fuimos muy exigentes desde el primer momento. Creíamos que cuanto antes se hicieran un desarme y una disolución unilateral, irreversible y definitiva sería mejor desde todo punto de vista. Hoy ETA forma parte del pasado, no hay riesgo de vuelta atrás y la convivencia está consolidada de un modo pacífico.

¿Por qué está tan seguro de que no hay retorno posible a la violencia?

-Nunca se puede descartar nada pero a corto plazo, en los próximos 15 o 20 años, no parece probable que lo que ETA representó vuelva a reproducirse de ninguna manera. Lo que venga luego nunca se puede saber.

¿Lo dice porque la coyuntura política y social lo impiden o porque se han consolidado una cultura de paz y una ética que lo hacen imposible?

-Lo digo porque es absolutamente anacrónico el recurso a la violencia en la sociedad actual, y porque la pervivencia de la violencia es impermeable al tejido social vasco.

Disuelta ETA, ¿qué queda por hacer?

-Quedan tres grandes ámbitos en los que hay que seguir trabajando: víctimas, memoria y política penitenciaria. La agenda pendiente del fin de ETA deja estas tres tareas prioritarias.

Sánchez ya ha empezado a gobernar a pleno pulmón. ¿Le han pedido directamente el acercamiento de los presos de ETA?

-Tenemos una relación periódica y fluida con el Gobierno español y les hemos transmitido nuestra opinión, a saber, que en este momento viendo el número de presos es perfectamente factible que estén en las cárceles de Euskadi y alrededores.

¿Qué respuesta han tenido por parte del presidente Sánchez?

-Hemos compartido con él la reflexión y estamos dialogando. Esperamos respuestas. Pensamos que no se debería demorar más el acercamiento, aunque solo sea por las familias de las personas presas. El alejamiento es un castigo principalmente dirigido a las familias, ellas lo pagan.

En la última legislatura, Sánchez solo acercó a unos 30 presos. ¿Le parece suficiente?

-Durante ese periodo comprendimos que el Gobierno de Sánchez se encontraba en una situación complicada, era un gobierno con una mayoría precaria. Nos hubiera gustado otro ritmo en los acercamientos, pero entendimos esas dificultades y las aceptamos. Ahora estamos ante una nueva etapa, con un Gobierno firme y pensamos que, lo mismo que ha hecho el Gobierno francés, lo puede hacer el Gobierno español.

¿Se le ha acusado de plantear un acercamiento en bloque?

-Nadie ha hablado en ningún momento de un acercamiento en bloque, no sé de dónde ha salido eso. Lo que decimos es que es posible un acercamiento en un tiempo razonable de los 210/215 presos actuales a las cárceles más cercanas a su entorno social y familiar. El argumento principal es evitar a las familias el castigo añadido que supone el alejamiento.

¿Ese acercamiento debería ser colectivo o individualizado?

-Lo que establece la legalidad no vincula el acercamiento o el alejamiento con ninguna otra cuestión. Lo que plantea la legalidad penitenciaria es que, en la medida de lo posible, los presos deben estar en su entorno social y familiar. Si la finalidad de la pena es la reeducación y la resocialización es lógico que el preso esté cercano al entorno social en el que debe reinsertarse. Otra cosa diferente es el proceso de reinserción, que establece una progresión de grados y que en este caso sí tiene que ser claramente individualizado en función de la evolución de cada preso.

¿Primero es el acercamiento y luego la reinserción o, una vez el preso ha dado pasos y mostrado voluntad de reinserción, ha de producirse el acercamiento?

-Somos partidarios de que los presos vayan dando pasos hacia la reinserción desde hace mucho tiempo, pero pensamos que el alejamiento no ha estimulado procesos de reinserción ni de reflexión crítica. Los presos de la vía Nanclares afirman que para ellos el alejamiento no fue una motivación para la reinserción. Por lo tanto, una cosa es el proceso de reinserción y otra es dónde se ubican los presos.

El Gobierno socialista y el PSE entienden que para que se produzca el acercamiento, el preso o la presa ha tenido que mostrar una voluntad clara hacia la reinserción, lo que contrasta con lo que usted plantea.

-Pero ni siquiera eso es cierto porque ahora mismo hay presos que están en procesos de reflexión crítica y no han sido acercados a las cárceles de Euskadi o a las más próximas. Ha habido traslados que han supuesto algún acercamiento parcial en cuanto a distancia, pero no se ha producido ningún acercamiento en función de haber dado pasos de reinserción.

¿De cuántos presos está hablando y hasta dónde llega su autocrítica?

-Este es un tema que hay que ser muy respetuoso con la voluntad de cada preso en esa materia, con cómo lo quiere llevar, si lo quiere hacer público o no? Lo vamos a respetar.

Por dejarlo claro: ¿al Gobierno Vasco le consta que existen presos en esta dinámica?

-Sí, sí.

La transferencia a Euskadi de la competencia de prisiones se materializará en diciembre de 2020. ¿Qué efecto tendrá en la política penitenciaria sobre los presos de ETA?

-En ningún momento nos planteamos que la transferencia de la gestión de los centros penitenciarios deba vincularse específicamente al tratamiento de los presos de ETA, sino al conjunto de la política penitenciaria en lo que pueda afectar a las prisiones vascas. Eso le dará al Gobierno un margen de intervención en el tratamiento penitenciario al conjunto de los presos recluidos en las cárceles vascas.

Al margen de los presos de ETA, ¿qué va a suponer ese traspaso para el resto de reclusos?

-Tendríamos una mayor incidencia en las políticas de tratamiento de reeducación y resocialización, tal y como ya ocurre por ejemplo con los centros de reeducación de menores, en los que se encuentran estos menores por decisión judicial.

¿A partir de entonces la concesión de permisos de salida a los presos será más laxa, como ocurre con los presos del procés catalán?

-Hay un marco legal penitenciario que establece cómo es la progresión de grados, cómo son los permisos, cómo es la aplicación del artículo 100.2? En Catalunya se está aplicando la legalidad penitenciaria de manera estricta. La legalidad en materia de terrorismo y de otro tipo de delitos no es exactamente la misma. Aquí habría que aplicar la legalidad que está vinculada a este tipo de casos. Se está haciendo demagogia para torpedear el traspaso de la competencia de prisiones para dar a entender que el hecho de que se asume esta competencia va a ser un coladero. El margen de actuación en materia de política penitenciaria está tasado y además estaría siempre supervisado por las instancias judiciales, que son las que tienen la última palabra.

¿Los presos de ETA lo tendrían mejor si la izquierda abertzale hiciera un reconocimiento público y firme del daño injusto creado por ETA a sus víctimas?

-Sin ninguna duda, la idea de que se reconozca la injusticia del daño causado con las vulneraciones de derechos humanos provocadas por ETA tendría efectos positivos en la convivencia, en la política, seguramente hubiera permitido un acuerdo en la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco? pero además un reconocimiento de ese tipo serviría para que los presos pudieran presentar en su proceso de progresión individualizado una referencia que les ayudaría sin ninguna duda.

Van remitiendo, pero siguen organizándose ongietorris en la calle a presos que abandonan la cárcel. ¿Han hablado con la izquierda abertzale sobre este tema?

-Además de lo que hemos dicho públicamente sobre este tema se lo hemos dicho directamente a interlocutores del mundo de la izquierda abertzale. Esto es inaceptable e inconveniente desde todo punto de vista, por el efecto que produce en las víctimas y por la distorsión ética que genera en la sociedad y en la política.

¿Qué queda de la vía Nanclares? ¿Ha quedado superada?

-Lo que hagamos en materia de reinserción en el futuro tiene que tomar en cuenta esa referencia. La respuesta del Estado español a la vía Nanclares fue muy tibia. Tuvo un inicio muy prometedor en la etapa de Zapatero, pero a partir de ahí con el Gobierno de Rajoy entró en situación de parálisis y luego no ha tenido un desarrollo fluido.

¿Se sigue utilizando a las víctimas de modo partidista?

-Creo que cada vez menos y cada vez más las propias víctimas se revelan contra ese tipo de utilizaciones.

¿Qué queda por hacer con las víctimas?

-Hay que seguir acompañando y contribuyendo a que sus demandas encuentren cauces de salida. Tenemos que tener en cuenta a las víctimas del terrorismo de ETA y a las de otros terrorismos y vulneraciones de derechos humanos porque, siendo todas ellas víctimas, tienen demandas diferentes, incluidas las llamadas víctimas de abusos policiales.

A fecha de hoy hay unas 300 solicitudes de víctimas de este tipo. ¿No es una cifra pequeña para todo lo que ha podido pasar en Euskadi?

-Queda todavía año y medio para presentar solicitudes y no se puede hacer un balance.

Aunque se doblase ese número, ¿no se quedaría corta?

-La ley trata de reparar casos en los que se ha producido un resultado de muerte o de lesiones que han podido demostrarse. En función de los datos históricos que tengamos sobre casos que se han producido, probablemente la cifra de solicitudes es normal.

Si una persona que fue torturada, o maltratada por fuerzas policiales a día de hoy no tiene evidencias físicas de aquel episodio, ¿podría intentar que se le reconozca y repare en base a esta ley?

—Sí. Va a haber una comisión de valoración que tiene una composición de peritos médicos y expertos en derechos humanos que analizarán en cada caso todos los elementos para considerar si la petición está sustentada y se corresponde con los hechos que se plantean. Cualquier persona que crea que ha sido víctima de una vulneración de derechos humanos puede presentar su solicitud.