gasteiz - En el tramo final de la legislatura Jonan Fernández ha tenido que hacer frente a las acusaciones que señalan al Gobierno Vasco como responsable de una presunta red clientelar con contratos irregulares a las empresas del grupo Montai.

El PP ha avisado de que llevará a Fiscalía los contratos públicos adjudicados por Gogora al grupo Montai y sus filiales. ¿Ha habido irregularidades en este caso?

-Hemos puesto sobre la mesa de manera transparente toda la documentación de todos los contratos hechos por Gogora en relación con la exposición itinerante Memoria Plaza, contratos que no son solo con Montai sino con muchas otras empresas. Además, hemos pedido a la Oficina de Control Económico que haga una auditoría exhaustiva de todo esto y el resultado es que no hay nada que pueda considerarse ilícito o que pueda implicar alguna responsabilidad penal.

¿Se les acusa de favorecer una trama clientelar?

-Hay acusaciones muy gruesas que son inaceptables ya que ni tienen fundamento y se hacen sin pruebas. Puede ser que haya habido procedimientos administrativos mejorables, pero nada más. Si alguien quiere acudir a la fiscalía que lo haga, no hay problema. Se ha puesto todo en trasparencia a disposición de todo el mundo, de los medios de comunicación, del Parlamento Vasco y de cualquier ciudadano, contrato a contrato.

Euskadi está a la cabeza en políticas de memoria histórica, pero sigue sin tener una ley vasca. ¿Lo cree necesario?

-Hay comunidades autónomas que tienen ley de memoria histórica y que tienen un desarrollo de políticas de memoria muchísimo menor que lo hecho aquí en Euskadi, en materia de fosas comunes, de reconocimiento de víctimas, de recuperación de itinerarios? Ha habido una demanda de creación de una ley que dé cuerpo a todo eso y hay un consenso para sacarla adelante. Existe un borrador ya preparada que en esta legislatura no ha habido tiempo para aprobarla pero se impulsará la próxima legislatura.

El final de ETA ha vaciado de contenido el área de convivencia. ¿Tendría sentido mantenerlo en la próxima legislatura?

-En efecto, hay un cambio que ya apuntamos y dejamos por escrito hace cuatro años. Hay una agenda pendiente relacionada con el final de ETA, es una agenda menguante. Frente a esto hay una agenda emergente de los derechos humanos que tiene que ver con otras inquietudes de las nuevas generaciones como refugiados, migraciones, convivencia interreligiosa, igualdad de género o el medio ambiente. El final de ETA y todo lo que eso representa tiene cada vez menos presencia entre las preocupaciones sociales y no digamos entre los más jóvenes. En este momento, cada vez más, la agenda global de los derechos humanos es la agenda vasca de los derechos humanos, aunque va a seguir quedando una parcela con temas de convivencia.

¿Le motiva trabajar en ese campo?

-Sí, me parece que es el futuro porque la diversidad, la pluralidad y el mestizaje no son algo pasajero, es algo estratégico que nos va a marcar como sociedad y hay que contribuir a que eso funcione bien.