barcelona - Laura Borràs plantó ayer al Tribunal Supremo el día en que tenía que declarar en calidad de investigada por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, por las presuntas contrataciones irregulares durante su época como directora de la Institució de los Lletres Catalanes (ILC), por lo que obligó al tribunal a solicitar el suplicatorio al Congreso para poder investigarla. “Declarar implicaría validar todas las irregularidades que hace más de un año que estoy denunciando en una causa que ha vulnerado mis derechos desde el primer día”, explicó la portavoz en la Cámara Baja de JxCat. Al encontrarse aforada, el órgano competente para encausarla es el TS, con la autorización previa del Congreso para levantarle la inmunidad.

“No necesito acudir personalmente a este juzgado, pues ya estoy completamente informada” de las actuaciones, indica la portavoz parlamentaria de JxCat en su escrito, en el que critica que su causa se difundiese “masivamente”. Borràs entiende que su citación “supondría duplicar actuaciones innecesariamente” y recuerda que el artículo 71.2 de la Constitución establece que los diputados “no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”. “Hay que recordar que esta causa no habría existido nunca si yo no fuera una conocida independentista”, subrayó, al mismo tiempo que afirmó que está orgullosa del trabajo realizado con los contratos que son objeto de investigación.

La exposición razonada de la juez de Barcelona, así como el informe favorable de la Fiscalía, destacan que la diputada de JxCat actuó “de común acuerdo” con Isaías Herrero, investigado también en el Tribunal Supremo a petición de su defensa, “para defraudar” a la ILC “mediante el fraccionamiento ilegal” de los contratos. Los presuntos indicios señalan que, entre los años 2013 y 2017, la portavoz parlamentaria de JxCat “abusó” de su condición de directora de la ILC para adjudicar “directa o indirectamente de manera arbitraria los contratos de programación informática”, cuyo importe total es de 259.283 euros sin IVA, a favor de Herrero, con el que se ha acreditado que tenía “relación personal y profesional”. Según la instrucción realizada hasta el momento, existen indicios de la intención de dotar una “falsa apariencia de transparencia” al procedimiento de contratación y poder justificar que la oferta de Herrero era la más ventajosa”. - I.S.M.