Vitoria. Función Pública, Carolina Darias, con tres objetivos: actualizar el calendario de transferencias, crear grupos de trabajo para materializarlas y desactivar tres recursos judiciales a leyes que plantean conflictos competenciales.
El también portavoz del Ejecutivo de Euskadi ha asegurado que el cumplimiento íntegro del Estatuto es "una negociación urgente y prioritaria para el Gobierno Vasco" y confía en que la cita de mañana -la primera con el nuevo Gobierno español- sirva para "abrir un vía de trabajo bilateral, fluida y constante".
El primer objetivo es actualizar el calendario de transferencias pactado con el anterior Ejecutivo central en enero de 2019 y crear grupos de trabajo para analizar las competencias pendientes en los tres bloques que se establecieron entonces y del que quedaron fuera el Instituto Social de la Marina y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, mientras que prisiones no fue considerada prioritaria.
Ha explicado que las conversaciones sobre el primer bloque "avanzaron mucho" antes de que las elecciones generales de abril paralizaran la negociación y ha confiado en que ese trabajo sea tenido ahora en cuenta.
En concreto, ese primer bloque se refería a la legislación sobre productos farmacéuticos, seguro escolar, ayudas previas a la jubilación de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo, transporte ferroviario en líneas de cercanías y FEVE, escuelas viajeras, centro de estudios de obras públicas y administración institucional e innovación tecnológica.
El portavoz vasco ha dicho además que ambos gobiernos están de acuerdo en "sustituir la judicialización de sus desavenencias" por el acuerdo político y por ello mañana abordarán los conflictos de competencias en torno a dos leyes vascas y una estatal, con el objetivo de evitar los recursos ante el Tribunal Constitucional.
La norma nacional es el Real Decreto de Seguridad Digital, que permite al Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, intervenir las redes y servicios de comunicaciones electrónicas.
Una de las leyes vascas objeto de controversia es la ley de Ordenación Territorial de Grandes Establecimientos Comerciales y la otra es la quinta modificación de la Ley de Policía, que el Gobierno de España rechaza por contemplar la figura de agentes interinos.
