madrid - Oriol Junqueras seguirá en prisión y no podrá ostentar el cargo de eurodiputado después del veto del Tribunal Supremo (TS) al considerar que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que declaró que adquirió esta condición desde que resultó electo, le confiere una inmunidad de desplazamiento que en ningún caso supone “un blindaje” frente al fallo del procés que le condenó en firme a 13 años de cárcel y a otros tantos de inhabilitación. El tribunal que le juzgó asume el criterio del fiscal y rechaza autorizarle desplazarse a la Eurocámara para tomar posesión del acta el próximo lunes o pedir su suplicatorio al Parlamento Europeo, porque ya está condenado en firme y dicha pena conlleva la exclusión de la condición de eurodiputado que le reconoció el tribunal europeo. Semejante posición se contradice con los pasos que ha seguido el Supremo, ya que remitió una consulta a la TJUE para poder resolver el recurso de súplica presentado por el líder de ERC y, una vez conocida la postura europea, el tribunal español ha decidido hacer caso omiso de ella.

En dos resoluciones, la Sala Segunda, que además ha levantado ya la suspensión de la inhabilitación de Junqueras que decretó cuando consultó a Europa, niega que exista causa alguna de nulidad del juicio que celebró y que, además, terminó un día antes de que Junqueras fuera proclamado europarlamentario electo, que sería el momento en el que habría adquirido esa condición, según el TJUE. El Supremo declaró asimismo la validez de la sentencia condenatoria dictada en la causa del procés, cuya consecuencia es, de acuerdo con la Ley Electoral, inhabilitar a Junqueras como eurodiputado. Una decisión que fue comunicada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, al Parlamento Europeo y a la Junta Electoral Central (JEC), organismo que el pasado día 3 ya le declaró inelegible precisamente por esa condena firme.

El Supremo subraya que el propio juicio quedó visto para sentencia el 12 de junio y hasta el día siguiente no fue declarado electo por la JEC. La denegación del permiso de salida de prisión para tomar posesión del acta de eurodiputado se produjo el día 14. Estas precisiones responden a que el tribunal quiere “subrayar el marco procesal en el que se planteó la cuestión prejudicial para evitar el riesgo de no desenfocar el análisis de las consecuencias que tiene la sentencia del TJUE sobre la causa” que culminó en la condena. A su juicio, no se precisa cursar suplicatorio alguno al Europarlamento, “atribuyendo impropiamente a la suspensión de la inmunidad los efectos de una condición de procedibilidad para proseguir el enjuiciamiento”, puesto que cuando fue proclamado electo ya había sido juzgado. Y aduce que la inmunidad pretende proteger a la Cámara europea, pero no puede servir con iniciativas judiciales “anteriores a la elección de los componentes del Parlamento”.

reacción de erc El independentismo puso el grito en el cielo. En términos de “vergüenza” y “escándalo” se pronunció el vicepresident Pere Aragonès, quien pidió proteccion al Parlamento Europeo y anunció que agotarán todos los recursos; mientras que el diputado Gabriel Rufián afirmó que “hay todo un Estado fagocitado por la pulsión golpista de los de siempre” que “prefiere ir contra un Gobierno y el más alto Tribunal de Justicia Europeo con tal de no renunciar a su patriotismo de pandereta, copa y puro”. “De ridículo en ridículo hasta el colapso final”, añadió el president en el exilio y eurodiputado Carles Puigdemont. Quim Torra se expresó igual de enérgico: “Esto es una prueba más, palpable, de lo que es la degradación inmediata” del Estado.

70.000

Euros en salarios atrasados. El reconocimiento del estatus de eurodiputado de Carles Puigdemont y Toni Comín, además de credencial y despacho, también lleva acompañada su parte pecuniaria. Serán casi 70.000 euros en salarios y dietas atrasadas.