bilbao - El Gobierno Vasco se mantiene a la espera de lo que decida la Oficina de Control Económico sobre los contratos de Gogora con la empresa de un jeltzale para instalar las carpas de la Plaza de la Memoria. El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, aclaró en Radio Euskadi que el informe llegará este mismo mes, casi de inmediato. La polémica surgió después de que eldiarionorte.es publicara que el grupo empresarial Montai, propiedad de Aitor Elorza, fue adjudicatario de contratos de más de 700.000 euros para colocar las carpas en varios municipios vascos. El debate ahora radica en si esos contratos se fraccionaron para poder adjudicarlos a dedo, sin contrato público, y si hay alguna irregularidad en esta práctica que pasó a vetarse a partir de 2018. En paralelo, hay un debate ético, y la responsable del Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, ha elevado una consulta a la comisión del Código Ético. Ezenarro no es militante del PNV y procede de Aralar.

Erkoreka aclaró que el informe de la Oficina de Control será el “documento de referencia” sobre este debate para ver si la actuación fue legal o no. Hasta la fecha, el Gobierno Vasco no ha visto nada ilegal. Este asunto llega en un mal momento para el Gobierno Vasco, en año electoral.

El presidente del PP de la CAV, Alfonso Alonso, apuntó ayer al lehendakari, Iñigo Urkullu, como el “responsable político” de Lehendakaritza, que está “bajo la sombra de sospechas” en la adjudicación de contratos públicos. Se refería a que Gogora depende de Lehendakaritza. Gogora, al parecer, realizó contrataciones en 22 ocasiones de manera directa y en otras 6 de forma indirecta por un total de 762.886 euros. EH Bildu ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias, y Elkarrekin Podemos, socio presupuestario del Gobierno, ha pedido la comparecencia de Elorza.

iniciativas de Bildu Por su parte, Bildu ha registrado en el Parlamento una batería de iniciativas para aclarar si los contratos adjudicados cumplen la legalidad. El parlamentario Josu Estarrona aprecia elementos que hacen pensar en “una actuación concertada entre el Ejecutivo y el grupo de Elorza”. - DNA