madrid - El Gobierno español insiste en que no tiene intención de indultar a los nueve dirigentes políticos y líderes sociales condenados a prisión por el procés indepedentista catalán. Un día después de que Pedro Sánchez dijese que el Ejecutivo garantiza el “íntegro cumplimiento” de la dura sentencia, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, señaló ayer que el presidente “no dejó lugar a dudas” sobre su negativa al indulto.

Cuando le pidieron a Calvo precisar a qué se refería el presidente del Gobierno cuando el lunes apeló al “cumplimiento íntegro” de la sentencia, la vicepresidenta se limitó a señalar que Pedro Sánchez fue “muy claro” y que sus palabras no admiten más interpretación. “Las sentencias se acatan y su acatamiento consiste en su cumplimiento y su cumplimiento, como él dijo, íntegro”, apostilló.

El mensaje va dirigido a PP y Ciudadanos que nada más conocerse la sentencia del Tribunal Supremo se lanzaron en tromba contra el Gobierno para atacarle por su supuesta indulgencia con los presos del procés. De hecho, este será probablemente uno de los temas recurrentes de la derecha a la hora de atacar al Gobierno de Sánchez durante la precampaña y la campaña electoral del 10-N.

Sin esperar a la campaña electoral que arrancará el 1 de noviembre, ayer mismo Pablo Casado insistió de nuevo en pedir al Gobierno que vele por el cumplimiento de las penas, pero también insistió en pedir nuevas herramientas para que las condenas se puedan adaptar a las “nuevas realidades delictivas”.

Sánchez quiere alejar el debate de los indultos hasta después de las elecciones y, una vez instalado de nuevo en La Moncloa, si se da el caso, podría echar mano de algunas de las medidas de gracia recogidas en la legislación española para desplegar su política de apaciguamiento de los ánimos en Catalunya. En este punto, los indultos podrían ser una herramienta útil para intentar abrir un nuevo ciclo, siempre y cuando los condenados lo soliciten, requisito indispensable antes de que el Gobierno lo estudie. Otra de las medidas posibles es la amnistía, aunque está parece descartada. En noviembre del año pasado, Calvo calificó el indulto como una “figura constitucional y prohibirlo -como defienden PP y Ciudadanos- para rebelión o sedición precisa una reforma importante”

También el ministro en funciones de Fomento, José Luis Ábalos, señaló que la sentencia es “proporcional, ajustada a los hechos concretos y no procede nada más”, y aunque se le recordó el caso del indulto a Barrionuevo y Vera (GAL), lo justificó señalando que “había una sentencia del tribunal de Estrasburgo que se refería al proceso”. Preguntado sobre si eso significa que el Gobierno podría esperar al pronunciamiento de los tribunales europeos, el ministro respondió que “entonces nos pronunciaremos, pero son situaciones que se pueden producir o no”.

Antes de que el próximo Gobierno pueda llegar al punto de plantearse en serio la cuestión de los indultos, los presos tienen diferentes opciones legales para mitigar los efectos de su reclusión a través de los beneficios penitenciarios previstos.

A diferencia de Euskadi, Catalunya tiene transferida la competencia de Prisiones y tiene en sus manos, una vez la Administración penitenciaria catalana, dependiente de la Conselleria de Justicia de la Generalitatat, reciba la sentencia del procés, un amplio abanico de posibilidades reguladas por ley para aplicárselas. Las decisiones que se adopten pueden ser recurridas y, por tanto la última palabra la tendrán los tribunales, bien la sala del Supremo que les ha sentenciado o las audiencias provinciales.

Una vez notificada la sentencia, las juntas de tratamiento de cada cárcel tienen un plazo máximo de dos meses para estudiar en qué grado calsifica a los presos. Lo habitual sería hacerlo en segundo grado (el ordinario), aunque pueden proponer directamente un tercer grado o régimen abierto. Una vez clasificados, la ley penitenciaria abre una gama de posibilidades que afecta al régimen de vida del interno dentro de la prisión. El preso en tercer grado puede incluso dormir en prisión solo de lunes a jueves mientras durante el día tiene salidas diarias para trabajar, y en algún caso ni siquiera tiene que pernoctar en prisión y puede hacerlo en su casa con control telemático. Además, cuando tiene cumplida la cuarta parte de la condena, el preso en segundo o tercer grado puede tener entre 36 y 48 días al año de permisos de salida.

beneficios penitenciarios PP y Ciudadanos quieren acabar con estos “privilegios” a los que todos los presos tienen acceso si cumplen unos requisitos y presionan a Sánchez para que recupere para el Gobierno español la transferencia de Prisiones. Estos dos partidos temen que los líderes independentistas condenados por el procés empiecen a recibir de forma exprés beneficios penitenciarios que les permitan salir de prisión.

Calvo no ve motivos para adoptar “medidas ad hoc” como las que proponen PP y C’s. “Ya sé que a la derecha le gusta mucho tomar este tipo de decisiones ad hoc, pero este Gobierno no va a hacer absolutamente nada diferente de lo que ocurra con cualquier hombre o mujer privado de libertad, que están todos sometidos a la política penitenciaria del Estado de Derecho y de las correspondientes autoridades de cumplimiento y vigilancia. No hay ningún tipo de excepción”, señaló en declaraciones a los medios de comunicación.