Los jueces consideran que hubo "complicidad" y "casi connivencia" de los Mossos con el 1-O

En su sentencia, el Tribunal Supremo concluye que el exconseller de Interior Joaquim Forn -condenado a diez años y medio de cárcel por sedición- logró imponer su voluntad de que se simulara por parte de los Mossos el cumplimiento de las resoluciones judiciales que ordenaban impedir el 1-O, con el "decidido propósito" de que no fueran efectivas.

Para el tribunal, Forn aceptó los criterios que expuso el mayor Josep Lluís Trapero -pendiente de juicio por rebelión en la Audiencia Nacional-, fijando la prioridad de preservar la "convivencia", para disimular "siquiera de forma inverosímil, su verdadero propósito de que la actuación de los Mossos no constituyera un riesgo para el objetivo delictivo de los coacusados".

"Se aparentó así que la ponderación bajo el principio de proporcionalidad obligaba a no utilizar la fuerza para cumplir la decisión judicial (de impedir el referéndum) sino de manera absolutamente exclusiva para defensa ante agresiones previas 'de los ciudadanos a los policías'", apunta el fallo.

Por el contrario, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que se desplegaron sobre el terreno "se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista" ante la "actitud tácticamente predispuesta" de los concentrados en los puntos de votación, en unos enfrentamientos que se saldaron con varios lesionados.

Según el Supremo, a primera hora de la tarde, "dado que el uso de la fuerza podría devenir desproporcionado, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil recibieron órdenes y se vieron irremediablemente forzados a declinar el propósito inicial".

En su resolución, el Supremo concluye que las autoridades del Estado, entre ellos el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos -que coordinó el dispositivo policial para impedir el 1-O-, "creyeron" la promesa de Forn de que los Mossos cumplirían las resoluciones judiciales, lo que contribuyó a la "inhibición" de la Guardia Civil y la Policía Judicial ante la ocupación de los puntos de votación con el pretexto de la campaña "Escoles Obertes".

"Esa desleal actuación de Forn tuvo como efecto que los centros no fueran sustraídos a la disponibilidad de los ciudadanos llamados a movilizarse para gestionar y hacer posible la jornada de votación", expone el Supremo, que remarca que se evidenció así la "firme decisión" de la Consellería de Interior de que los Mossos no solo no impidieran la votación, sino que "garantizaran su efectiva realización" ante la "fácil previsión" de que los ciudadanos impedirían el cierre de los colegios.

El Alto Tribunal subraya que, como sostuvo De los Cobos en el juicio, la asignación de binomios de los Mossos a cada centro de votación, sin discriminar los que recibirían una gran afluencia de votantes de los que eran poco significativos, supuso una "neutralización de la capacidad operativa" de la policía autonómica.

Según la sentencia, el despliegue de los binomios de los Mossos en todos los puntos de votación fue "a todas luces insuficiente" y además se constató que la presencia de los agentes de la policía catalana "no solamente careció de actividad alguna dirigida al desalojo de los centros, sino que fue ocasión para que informaran de la estrategia policial que se seguiría", lo que llevó a los votantes a agruparse para imposibilitar su desalojo.

En la mayoría de las ocasiones los mossos desplegados sobre el terreno se vieron conminados por una "aglomeración de personas impermeable a cualquier requerimiento" para desistir de su intento de cumplir la orden judicial y tuvieron que "claudicar" en su objetivo "de forma vergonzante, resignada o en algunos supuestos casi complaciente".

De esta forma, la autoridad del Poder Judicial "quedó en suspenso sustituida por la propia voluntad -el referéndum se ha de celebrar- de los convocantes y de quienes secundaban la convocatoria, voluntad impuesta por la fuerza", indica el Supremo.

Para el tribunal, en el juicio se han evidenciado "episodios de auténtica complicidad" entre mossos y algunos votantes del 1-O, que se deducían "claramente" de algunas imágenes y escenas, así como de "casi connivencia" entre ellos, "motivadas quizás por la coincidencia ideológica o por la seguridad de que de esa forma podían grangearse el aplauso y beneplácito de esos ciudadanos rebeldes o de los responsables políticos".

Es más, según la sala, en la fase testifical del juicio se dio cuenta de la "colaboración" de algunos agentes de los Mossos para consumar la votación" y de que en ciertos casos trasladaron urnas con vehículos de la Generalitat.

De esta forma, los Mossos no solo no interfirieron en la emisión de votos, más allá de alguna "actuación aparente y en un mínimo número de centros", según el fallo, sino que en algunos casos recogieron, se hicieron cargo y trasladaron material electoral, según el Supremo.

Para el tribunal, Forn ordenó a los Mossos que recondujeran la interpretación de los mandatos judiciales "a un sentido y alcance que permitiera simular su aparente cumplimiento con el decidido propósito de hacer inefectivas tales legítimas órdenes".

"Y esa voluntad de Forn logró la efectiva ordenación de la actuación de los Mossos, de suerte que resultó funcional a los objetivos políticos del acusado y, con él, de los coacusados", precisa el Supremo.

Según la sentencia, solo desde un "sesgo malintencionado para disimulo de la verdadera voluntad obstruccionista" se puede interpretar que la apelación a mantener la "normal convivencia ciudadana" pueda avalar que se diseñara un dispositivo para hacer "inoperativa" la obligación de impedir la votación.

La sala destaca además que en el juicio se han aportado pruebas de que algunos mossos "se dedicaron a obtener información de los movimientos efectivos" de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y que lo comunicaban con sus mandos.

El Supremo no duda de la versión del mayor Trapero y su cúpula de que advirtieron al expresidente Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y a Forn de los riesgos de mantener el referéndum y de que les pidieron que lo suspendieran debido a la "alta probabilidad" de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y que, pese a ello, el Ejecutivo decidió seguir adelante con el 1-O.