BARCELONA - El Gobierno español ha desplegado ya unos 500 agentes en Catalunya ante las movilizaciones organizadas cuando se publique la sentencia del Tribunal Supremo por la causa del procés. Un escenario policial que ha llevado al Govern a instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que detenga el desplazamiento gradual de Policía y Guardia Civil que tiene previsto en tanto que el Ejecutivo de Quim Torra entiende que basta con la presencia de los Mossos d’Esquadra para hacer frente a la situación. “No hace ninguna falta que vengan otras fuerzas de seguridad”, zanjó ayer la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, quien recordó que “quien tiene competencia en materia de orden público” es la Policía catalana. “No solo la competencia, también tienen la capacidad”, advirtió.

De momento, unos 350 antidisturbios de la Guardia Civil se suman al dispositivo diseñado por el Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska en apoyo a los Mossos para hacer frente a posibles incidentes. Los agentes de seguridad ciudadana de USECIC y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Benemérita se unirán a los de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que han sido enviados desde el segundo aniversario del 1-O. La Policía catalana ha activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Mòbil y el Área Regional de Recursos Operativos, mientras que la Policía española también ha movilizado a una treintena de grupos de antidisturbios, en un dispositivo que puede superar el millar de efectivos sobre el terreno. Los agentes se alojan en los hoteles habituales de la costa catalana y en algún cuartel militar.

En este contexto, el conseller de Interior, Miquel Buch, aseguró que, ante la “complejidad de la etapa” que vive Catalunya y que “podría incrementarse más en los próximos días” una vez el fallo judicial vea la luz, los Mossos se valen para ejercer como policía de seguridad y judicial para garantizar los derechos y libertades y la “convivencia pacífica”. El dirigente soberanista subrayó que, dada su profesionalidad, el cuerpo policial catalán está preparado para “resolver cualquier escenario” que se pueda dar, al tiempo que aprovechó para recordar a su antecesor en el cargo, Joaquim Forn, uno de los procesados en la causa. De acuerdo con el marco legal vigente, Buch está seguro de que “así lo harán, como siempre, y que se sobrepondrán a las dificultades” para servir como policías a “todos los catalanes”.

Paralelamente, Budó confirmó que el Govern está ultimando la respuesta institucional a la sentencia y que será “inminente” a que se haga público el dictamen. “El Govern está trabajando en los últimos flecos, que en los próximos días y horas iremos desgranando”, puntualizó, pidiendo separar los posicionamientos que adopte la sociedad civil del que tome la Generalitat. Aunque se le insistió sobre si el Ejecutivo de Torra hará efectivo el mandato del Parlament que le insta a la desobediencia como consecuencia de la aprobación de las últimas propuestas de resolución, la portavoz no soltó prenda. “No nos queremos avanzar” y “el Govern considerará que cualquier sentencia que no sea absolución será injusta”, reseñó en varias ocasiones, matizando que esas propuestas aprobadas también instaban a su Ejecutivo a seguir la vía de diálogo “para resolver por las vías democráticas lo que es un problema político”.

Budó tachó de desafortunadas las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien avisó de que el Gobierno español actuará “con firmeza”, si en esa respuesta se vulnera el orden constitucional. La consellera le replicó que siempre ha habido manifestaciones en Catalunya, que llevan “ocho años siendo masivas y que siempre se han hecho de forma cívica, pacífica y democrática”. “Hablar de violencia es del todo desafortunado”, censuró.

El operativo policial que maneja Interior se irá evaluando con opción de ser modificado al alza en función de si los grupos independentistas cumplen finalmente con los llamamientos de diferentes plataformas como Tsunami Democràtic y si dichas concentraciones toman un cariz violento. Los Comités de Defensa de la República (CDR) ya han anunciado que se sumarán a las marchas promovidas por la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. “Todos somos necesarios. Paremos el país”, difundieron en su nota. También desde los sindicatos se ha convocado una huelga para el 18-O. Las entidades civiles impulsarán cinco marchas de tres días y cada una de ellas recorrerá unos 100 kilómetros antes de confluir en Barcelona, saliendo desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona). “No será un picnic de fin de semana”, adelantó la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie. “Si la sentencia no es absolutoria, mirada larga, lucha con esfuerzo y persistencia”, recetó el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri.