Ha habido suerte. Si no hubiera coincidido con el guirigay de la no investidura para el Gobierno español, el resultado final del macroproceso 11/33 hubiera dado para abundantes titulares, tertulias y altisonancias airadas opinando sobre el acuerdo entre defensas y fiscal que ha librado prácticamente de la cárcel a los 47 procesados como responsables del vínculo entre ETA y sus presos. En realidad, creo que a los medios de comunicación habituales les ha pillado desprevenidos y volcados en las quinielas sobre cómo, cuándo y por culpa de quién se iba al carajo la formación del Gobierno español, de manera que no han podido ocuparse de los improperios de rigor.
A pesar de esta realidad, concentrada la atención de los medios en el otro asunto, merece tenerse en cuenta la escasa trascendencia pública de un tema en su día tan inquietante como el juicio al denominado frente de makos, con las aparatosas detenciones de abogados y responsables de colectivos de apoyo que se produjeron en su día, de madrugada, como correspondía. Este desvanecimiento progresivo del interés mediático tiene mucho que ver con la realidad de que ETA ya no existe, que las actuaciones de la ley a ese respecto pasan cada vez más desapercibidas para la ciudadanía y que sólo se agita cuando salta a los medios algún acto público como los recibimientos a presos, que se interpretan como provocación. Ello quiere decir que, despacio pero inexorablemente, en este país se está pasando página y que las décadas de plomo comienzan a quedar en un mal sueño, una pesadilla de la que hay que despertar entre todos.
Cierto que todavía hay amplios sectores en la derecha española y en sus medios afines que añoran la unanimidad antiterrorista, la furia justiciera, los macrojuicios-espectáculo y la mano dura, muy dura, y que se pudran en la cárcel. Se hubieran cebado una vez más en este macrojuicio, pero en esta ocasión tenían otra presa con la que ensañarse. Menos mal.
La estrategia de pactar con la fiscalía adoptada por las 47 personas procesadas, todas ellas vinculadas a la izquierda abertzale, puede ser una referencia para otros procesos aún pendientes, puede referenciarse a la propia política penitenciaria y abrir camino a la Justicia restaurativa y de reinserción propia de conflictos ya resueltos.
Sobre la estrategia de los acusados en el 11/13, a la que también se recurrió en ocasiones anteriores, lo primero que se me ocurre es celebrarla. El sentido común confirma que si se puede evitar la cárcel, evítese. Y si se pueden evitar condenas desorbitadas, evítense. Claro que lo que no puede resolver esta estrategia son algunas contradicciones que lleva implicadas teniendo en cuenta la propia historia -larga y penosa historia- de las personas que han sido condenadas a duras penas de prisión. Entre esas contradicciones, la movilización de 50.000 personas por las calles de Bilbo en apoyo a las 47 personas procesadas en vísperas del juicio, esa multitud que en su inmensa mayoría desconocía el pacto ya decidido para evitar la cárcel.
A nadie se le oculta que los sectores empecinados en mantener vivo el bucle de ETA como fondo del paisaje político vasco agitarán como argumento de razón el hecho de que los 47 procesados aceptaron los cargos que se les imputaban y se reconocieron “correos” de ETA para el Colectivo de Presos. O sea, que aquello de “todo es ETA” era verdad, proclamarán. Como proclamarán que no sólo se han arrepentido sino que están colaborando con la Justicia, compromiso que algunos atribuían con menosprecio a los de la vía Nanclares que en ningún caso existió, y asumo el error que cometí hace unas semanas atribuyéndoselo a los presos de esa vía. Y, quizá como riesgo más próximo, el uso que van a hacer de esas autoimputaciones los que llevan años elaborando su propio relato en el que pretenden culpabilizar exclusivamente a los de siempre.
Como era de esperar, ha sido feroz la crítica del sector disidente, el Movimiento por la Amnistía y contra la Represión, ATA, que responsabiliza a los juzgados de la situación desesperada de los centenares de presos que creyeron en el frente de makos impuesto precisamente por quienes ahora se han librado de la cárcel. Una crítica amortizada de salida, a la que el conjunto de la izquierda abertzale no otorga ninguna virtualidad política.
La estrategia seguida por defensores y procesados en el macrojuicio 11/13, en cualquier caso, es una demostración palpable de que se ha pasado página, que pueden quedar neutralizados los alardes propagandísticos de los macrojuicios, que ETA y sus derivadas corresponden a un escenario ya superado y que debe plantarse cara a la política penitenciaria de venganza, aunque con gestos no siempre ni por todos comprendidos.
