Gasteiz - El president de la Generalitat catalana, Quim Torra, advirtió ayer de que, si los acusados en el juicio por el 1-O acaban siendo condenados, el pueblo catalán recurrirá a la “desobediencia civil pacífica”. Inspirado por las revueltas que, en Hong Kong, han llevado a la jefa del Gobierno autónomo, Carrie Lam, a retirar el decreto de extradición a China que las motivó, Torra se preguntó “cuánta democracia” está dispuesto a aceptar el Estado y cómo se resuelve el derecho que tienen los catalanes a decidir su futuro.
Ya hace varias semanas que el president aboga públicamente por recuperar la confrontación con el Estado, en un momento clave para el independentismo, dividido y a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, y ayer abundaba en su estrategia al hilo de lo ocurrido en la antigua colonia británica. “Si China ha acabado retirando el decreto de extradición, a mí me parece muy relevante, muy importante”, afirmaba Torra en un escenario particular, un desayuno informativo de Europa Press en Madrid al que asistieron miembros del Govern, parlamentarios de JxCat, ERC y EH Bildu o el presidente de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre; pero también Juan Antonio Puigserver, uno de los altos funcionarios que se ocupó de la aplicación del 155 en Catalunya durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
“Ya no esperamos ninguna propuesta de encaje en España, solo democracia, toda la democracia”, insistía el president, quien explicaba que, si los presos catalanes no son absueltos, se deberá “trazar en firme el camino hasta la independencia”, y aportaba como sugerencia para la desobediencia civil que propugna una huelga, “porque los trabajadores tienen derecho a convocarla”. “El derecho de protesta es fundamental, hay que respetarlo, como el derecho a la libre expresión y de concentración”, aseguró.
la respuesta del govern Al margen de la respuesta popular, Torra señaló que la propia Generalitat trabaja en el diseño de diferentes medidas para responder a una eventual sentencia condenatoria, un asunto sobre el que meditan las fuerzas independentistas pero del que no quiso dar detalles para que las conversaciones “acaben bien”.
Según dijo, el Govern lleva “meses” estudiando cómo dar una respuesta institucional, y en ese contexto descartó convocar elecciones anticipadas, porque ahora es “lo último” que le preocupa y porque una campaña provocaría una confrontación que impediría a los partidos concentrarse “en lo importante”: cómo responder a la “la situación grave y difícil” que se producirá cuando llegue la sentencia del Supremo.
Esa respuesta institucional, que aún no está consensuada, insistió, debe cumplir tres objetivos. Primero, lograr la “fortaleza” de todas las instituciones catalanas, desde el Parlament al último ayuntamiento, y de la sociedad civil. En segundo lugar, subrayó la importancia de tener una “herramienta” como unos Presupuestos de Catalunya para 2020, porque se trabaja con los prorrogados de 2017 y porque las nuevas Cuentas podrían crecer en unos 2.500 millones de euros. En tercer lugar, aseguró que esa respuesta debe incluir un “horizonte” sobre “cómo tirar para adelante” con el derecho de autodeterminación.
Esas deben ser ahora las prioridades y por ello no cabe, a su juicio, la convocatoria de elecciones, sino que el independentismo se concentre en la respuesta a la sentencia. En esa línea, confió en que no se produzcan fracturas en el seno de lo que fue la antigua Convergència. En su opinión, de los movimientos en ese espacio político tiene que salir un partido “que una las diferentes sensibilidades” y que se parezca lo más posible a la candidatura a las elecciones europeas, que recibió un millón de votos.
Las palabras de Torra no tardaron en recibir respuesta, aunque no por parte de sus socios en el Govern, de ERC, que acaba de anunciar que facilitará la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. La portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, afirmó que Torra “no tiene otro destino que la cárcel o ser un prófugo de la Justicia” si persiste en su “delirio totalitario”. “Quiere ser el presidente de la república imaginaria, nosotros queremos ser el gobierno de la Catalunya real”, señalaba por su parte la líder de C’s en Catalunya, Lorena Roldán, mientras que desde Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach advertía de que “la gesticulación debe acabar”. El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, prefirió “no calificar” las declaraciones.
Imputan a varios mandos. El concejal de Derechos de Ciudadanía e Inmigración de Barcelona, Marc Serra, anunció ayer que un juez de Barcelona ha imputado a ocho responsables policiales por las cargas durante la jornada del 1-O en 27 centros escolares de la ciudad. “Por primera vez, los mandos son imputados por las órdenes que dieron, y no por las actuaciones desproporcionadas en las que intervinieron”, señaló. Añadió además que, debido a los recursos presentados por el Consistorio, la Audiencia Provincial ha ordenado reabrir las causas archivadas por lesiones en los centros Joan Boscà y Prosperitat.
