madrid - Pedro Sánchez entró ayer en modo campaña electoral. La presentación de las 370 medidas recogidas en su propuesta para un acuerdo programático será el vademecum del líder del PSOE en la cada día más irremediable repetición electoral el próximo 10 de noviembre. El programa lanza varios guiños a Unidas Podemos al incluir un puñado amplio de puntos planteados por los morados, sobre todo en materia social, aunque no parece que esto sea suficiente para convencer a Pablo Iglesias, que insiste en el gobierno de coalición como condición para apoyar la investidura de Sánchez.

Sánchez ofrece a Pablo Iglesias “un riguroso sistema de control de cumplimiento del acuerdo de Gobierno” para sortear la desconfianza entre ambos líderes políticos. “Si el problema con Podemos es la desconfianza, construyamos confianza y establezcamos las máximas garantías. Podemos ser aliados leales como hemos sido en el pasado”, remachó.

Era previsible y conocido que el líder socialista presentara un programa con una fuerte impronta podemita en su articulado. Sin embargo, no se esperaba que dejara totalmente fuera del tablero al independentismo catalán, especialmente a ERC. Sus 15 diputados son clave para Sánchez en una eventual votación de investidura teniendo en cuenta la apretada correlación de fuerzas en el Congreso de los Diputados.

El PSOE ha incluido entre las medidas que ofrece a Podemos para negociar un programa progresista el “no” expreso a un referéndum de autodeterminación en Catalunya. Además no incluye la negación expresa a la aplicación del 155 de manera permanente, como sí lo hicieron en el programa electoral de las últimas elecciones.

El referéndum de autodeterminación ha sido un asunto controvertido entre los socialistas y los morados, ya que el partido de Pablo Iglesias defendió en la campaña electoral que Catalunya pudiera realizar un referéndum de autodeterminación, aunque ellos apostaban por votar “no”. No obstante, Podemos no volvió a mencionar este asunto en la oferta que le hizo llegar al PSOE en agosto para negociar.

Los socialistas dedican a Catalunya un único punto en el que apuestan por un Estado de las autonomías “fuerte y cohesionado”, se comprometen a mejorar la colaboración institucional con todas las comunidades autónomas y a abordar el “conflicto de convivencia en Catalunya impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno de España y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución”. El documento añade que en ese modelo autonómico “no tiene cabida un referéndum de autodeterminación que el TC ha considerado contrario a la Constitución y que provoca la quiebra de la sociedad”.

Los socialistas defienden un “modelo de Estado integrador”, en el que la diversidad, la igualdad y la solidaridad sean valores compatibles, en el que las autonomías cuenten con una “adecuada financiación” y en el que tanto el Estado como las comunidades autónomas actúen con lealtad.

No es la primera vez que Sánchez ha rechazado el referéndum pero al ponerlo por escrito deja sin margen al independentismo catalán. Al mismo tiempo hace un gesto ante PP y Ciudadanos para que, ante una eventual sesión de investidura antes del 23 de septiembre o una repetición electoral, no puedan espetarle que se apoya en los independentistas catalanes. Ni ERC ni JxCat salieron ayer a valorar el documento. Solo lo hizo la portavoz del Govern, Meritxell Budó, que lamentó que “no haya nuevo” en el plan de Sánchez y añadió que “parece que la voluntad expresa del Gobierno español es de no dialogar”.

Salvo la cuestión catalana, el documento despacha con generalidades todo lo referente a la estructura territorial del Estado autonómico, donde no hay ni una sola mención a Euskadi. Al contrario que con Podemos, el documento no recoge ninguna de las demandas principales del PNV relacionadas con el autogobierno y con las inversiones en infraestructuras.

Con Podemos autoexcluido, ERC sin margen de maniobra y el PNV a la espera, solo una abstención del PP o de Ciudadanos permitiría desencallar la investidura, aunque Sánchez volvió a reconocer ayer que es una opción inviable. Tal es así que apuntó a la repetición de las elecciones como salida a esta situación y admitió que “no merece la pena intentar” formar un ejecutivo que no le permita tener “actuar con eficacia”. “Lo que el 25 de julio fue inviable hoy sigue siendo inviable, en un momento de grandes retos que se pueden convertir en riesgos”, como son la desaceleración económica, un Brexit duro o la sentencia del procés.

Estatuto del Trabajador. Iniciar el diálogo con los agentes sociales para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que incentive la actividad económica así como la creación de empleo digno, de calidad y estable.

Trabajo a tiempo parcial. Revisar la normativa sobre trabajo a tiempo parcial para prevenir su uso fraudulento y para garantizar los derechos de las personas que trabajan con este régimen, de forma mayoritaria mujeres.

Salario mínimo. Seguir aumentando el SMI, de forma progresiva y acordada en el diálogo social, hasta situarlo al final de la legislatura en el 60% del salario medio, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea.

Pensiones. Blindar en la Constitución el Sistema Público de Pensiones y seguir impulsando su fortalecimiento y sostenibilidad, retomando el diálogo social y la negociación con el resto de partidos en la Comisión del Pacto de Toledo.

Agenda feminista. Aplicar todas las medidas del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Conciliación. En el caso de los trabajadores con hijos o hijas, garantizar el derecho a la adaptación de la jornada de trabajo hasta que los menores cumplan 12 años.

Delitos sexuales. Reformar la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que si una mujer dice sí, todo lo demás es no. “Solo sí es sí”.

Pacto educativo. Aprobar una Ley Básica de Educación que derogue la Lomce y que blinde la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo.

Vivienda. Ampliar la oferta de vivienda asequible mediante la rehabilitación, el alquiler y la promoción de más vivienda pública.

Sanidad. Eliminar los copagos de forma progresiva, empezando por los pensionistas y los hogares en situación de mayor vulnerabilidad.

Calidad democrática. Suprimir los aforamientos políticos como un privilegio y limitarlos al ejercicio de un cargo público.

Libertad de expresión. Sustituir la ‘Ley Mordaza’ por una nueva Ley de seguridad ciudadana.

Memoria. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Culminar la exhumación de Franco y resignificar el Valle de los Caídos. Retirar la simbología franquista de los lugares públicos. Prohibir la exaltación del franquismo. Retirar las condecoraciones vinculadas a la dictadura. Dotar de un papel más activo a la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo.

Cambio climático. Aprobar la Ley de cambio climático y transición energética. Cumplir con la Estrategia de Pobreza Energética.

Investigación. Aumentar la inversión pública en I+D+i y estimular la inversión privada para que la inversión total llegue al 2% del PIB al final de la legislatura.

Formación. Promover la adquisición de habilidades tecnológicas como vía hacia la empleabilidad. Garantizar redes ultra rápidas de 100 Mbps en las escuelas.

Inmigración. Promover una política europea de inmigración justa y solidaria, que respete los derechos fundamentales y garantice las libertades y principios de la UE.

Estado autonómico. Apostar por un Estado de las Autonomías fuerte y cohesionado. Abordar el conflicto de convivencia en Cataluña impulsando el diálogo entre catalanes y también entre el Gobierno español y la Generalitat, siempre dentro de la Constitución.

Competencias. Clarificar el reparto competencial y promover la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Estado y viceversa.

Financiación. Aprobar un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas con participación de los territorios.

Medio rural. Fomentar una política de infraestructuras dirigida a promover la conexión interterritorial, aumentando la inversión en cercanías ferroviarias y que permita a su vez culminar los corredores mediterráneo y atlántico.

Conexión a Internet. Conectar todos los pueblos a Internet en esta legislatura y a un precio asequible.

Fuerzas de Seguridad. Recuperar el número de efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado perdidos durante los siete años de la Administración anterior para garantizar la seguridad en todo el territorio.