Madrid - El Ejecutivo de Pedro Sánchez -ausente ayer del Consejo de Ministros al estar en la cumbre del G-20 en Osaka- rectificó ayer en cierta medida la afirmación realizada la víspera por la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, quien advirtió a Unidas Podemos de que no habrá una “segunda vuelta” para la investidura, además de instar a los partidos a “concentrarse” en dejar clara su posición el próximo mes de julio, cuando se ponga fecha para el trascendental trámite parlamentario. Y todo ello, aderezado con la amenaza clara de unas nuevas elecciones. Ayer, sin embargo, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, aprovechó su comparecencia ante la prensa tras el Consejo de Ministros para rebajar el nivel de presión a la formación morada. La táctica parece ser apretar, pero sin ahogar. De entrada, Celaá aseguró que Sánchez trabajará “en profundidad” para sacar adelante su investidura en julio porque -puso un símil- “ningún buen alumno lleva las notas a septiembre” y porque aseguró que el Ejecutivo desea evitar una repetición de las elecciones.

Así, se empeñó en matizar las afirmaciones de Montero aclarando que el Gobierno no piensa en ir a una repetición electoral, incluso cuando tiene sondeos sobre intención de voto que le son favorables. Hacerlo, explicó la portavoz del Ejecutivo, supondría lanzar el mensaje a la ciudadanía de que “su voto se ha tirado a la basura”. Por ello, invitó a la formación morada a que reflexione sobre la propuesta que Sánchez les ha planteado para que ocupen cargos en la Administración del Gobierno, pero fuera del Consejo de Ministros, al considerar que se trata de una oferta de “enorme entidad e importancia”. “La Administración hace mucho por llevar los contenidos adelante”, argumentó Celaá, quien reivindicó que en “las filas tanto del PSOE como de Unidas Podemos son coincidentes en los objetivos y saben que esa cooperación puede y debe llevar a buen puerto”.

A lo largo de toda la rueda de prensa, Celaá se esmeró en intentar dejar claro que el Ejecutivo no se pone para nada en el escenario de asumir que va a haber una primera investidura fallida. “Sería frívolo pensar que lo que podemos hacer en julio vamos a llevarlo unos meses más allá”, señaló. Tras indicar que no hay otra alternativa de Gobierno posible aparte de un Ejecutivo liderado por Sánchez, Celaá instó a concentrar los esfuerzos en julio para formar Gobierno, apelando a la “responsabilidad” de las fuerzas políticas. Además, desmintió que Sánchez priorice formar Gobierno con la colaboración de las formaciones de derecha tal como aseguró la portavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Irene Montero, en unas afirmaciones que, según reconoció ayer Celaá, sorprendieron al Gobierno.

Iglesias y los embajadores Por su parte, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, se mostró ayer convencido de que cuando Sánchez compruebe que no saca la investidura con la derecha, irá a negociar con su formación y “no cometerá la irresponsabilidad de obligar a los españoles a votar otra vez por una obsesión absurda y fuera de época” por tener un Gobierno monocolor.

Iglesias dio ayer otra vuelta de tuerca y recurrió a Europa para tratar de minar la resistencia de Sánchez y que se avenga a conformar un Ejecutivo de coalición. Se reunió con una veintena de embajadores de países miembros de la Unión Europea para analizar la “situación nacional” y el “impulso al proyecto europeo que supondría un gobierno de coalición progresista” en España. Tras la reunión, en la que estuvieron presentes 21 embajadores y representantes diplomáticos de los 28 convocados, entre ellos los de Alemania, Francia, Portugal e Italia, destacó en su cuenta oficial de Twitter “la naturalidad con la que en Europa entienden los gobiernos de coalición”. Trató de presentarse como un político de gobierno, pero el Ejecutivo de Sánchez le espetó que no necesita “mediadores” para negociar con él.

Y por si no fuera suficiente, Iglesias quiso ganarse también para sus tesis a los pensionistas, a los que aseguró que, si entran en un Gobierno de coalición, no habrá pensiones contributivas por debajo de los 1.000 euros y las no contributivas superarán los 600. Realizó esta promesa en una reunión con la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones, donde aseguró que es necesario poner límite a las reformas laborales de PP y PSOE, “que han contribuido a la precariedad del empleo” y las pensiones: “No tiene mucho sentido llenarse la boca con la palabra Constitución cuando después se desprecian los derechos sociales”.