MADRID - Pablo Iglesias solicitó en la Audiencia Nacional una batería de diligencias entre las que consta petición expresa de que se cite como imputados al director de OK Diario, Eduardo Inda, y a uno de sus redactores, Miguel Ángel Ruiz Coll, se compruebe el tráfico de llamadas de ambos y su relación con el comisario en prisión provisional José Manuel Villarejo, así como que se geolocalice el destino que tuvo el móvil de su asesora Dina Bousselham tras ser robado en 2016. La petición se enmarca en el contexto de la pieza 10 del caso Tándem, incoada después de que apareciese entre los archivos de Villarejo un volcado del teléfono de Bousselham, parte de cuyo contenido fue publicado en el diario digital de Inda. En esas fechas trascendieron otras informaciones perjudiciales para Iglesias y Podemos que resultaron estar basadas en informes policiales elaborados sin supervisión judicial, como el PISA o el relativo a la financiación procedente de Granadinas.

Tras solicitar al juez entrada y registro en la redacción de ese medio, petición de la que finalmente solo se acordó un requerimiento de material y un apercibimiento para que no volviese a difundir información procedente del móvil de Bousselham, la defensa de Iglesias pide ahora imputaciones, pues además de la de Inda y el redactor que firmaba las noticias, quiere que declaren como investigados sobre este asunto policías que ya están en el punto de mira por el caso Villarejo. Se trata de Eugenio Pino, número 2 de la Policía Nacional cuando se elaboraron los informes sobre la financiación de Podemos; el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que según unos audios difundidos por moncloa.com se entrevistó con un político venezolano en Nueva York para recabar su colaboración en la investigación no judicializada sobre el partido y Bonifacio Díaz Sevillano, investigado también en la pieza Kitchen.

Iglesias pide que se comprueben “los contactos telefónicos habidos entre Villarejo, Inda, Pino y Fuentes Gago entre el 1 de agosto de 2015 y el 30 de junio de 2016, detallando si la intensidad y frecuencia de dichos registros aumenta” en los periodos en torno a la publicación en OK Diario del informe PISA, el pago en Granadinas y los pantallazos del chat que habrían salido del móvil de Bousselham. Además, la defensa de Iglesias solicita que se levante por completo el secreto de sumario que pesa sobre esta pieza, ya que entiende que se siguen publicando informaciones y que se dificulta su derecho a ejercer la acusación al no tener acceso a material como las declaraciones del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, o el exdirector de Interviú y exdirector general de Información Nacional de Moncloa, Alberto Pozas.

Pedro Sánchez se solidarizó con Iglesias pero reseñó que ya no funcionan las cloacas. “Esa mal llamada policía patriótica desapareció en cuanto entramos en el Gobierno”, aseguró el líder socialista, prometiendo que los responsables pagarán por ello, aunque los policías “no pueden ser expulsados sin una sentencia en firme”. La moción de censura sirvió, según él, para que desapareciera el aparato policial presuntamente montado por el ministro del PP Jorge Fernández Díaz para investigar a adversarios políticos y dificultar las investigaciones en torno a la financiación irregular de la marca conservadora. - E. P.