bilbao - La Asamblea Nacional del PNV, en la reunión celebrada el sábado de la semana pasada en Bilbao, analizó la gestión del lehendakari y realizó un descargo sobre las actuaciones llevadas a cabo en 2018. La disección de lo que ha dado de sí hasta ahora la legislatura de Iñigo Urkullu ha cobrado un mayor interés y otra dimensión en el contexto que se ha generado tras la dimisión del consejero de Salud Jon Darpón por el marcaje de la oposición. El lehendakari, que ha descartado un adelanto electoral y quiere continuar hasta 2020 para desplegar su programa, rechaza las acusaciones de parálisis o debilidad y exhibe el grado de cumplimiento de sus planes estratégicos, que son las materias que dependen en exclusiva de la acción de gobierno y no quedan al albur de las mayorías parlamentarias.
Los quince planes comprometidos están en vigor, y hay otros detalles que le hacen sacar brillo a la gestión del Ejecutivo, como el aumento en un 9,1% que se ha registrado esta legislatura en las partidas presupuestarias vinculadas a las políticas sociales. Los indicadores económicos y sociales también le sonríen. De los quince objetivos de país que se había fijado hasta el final de la legislatura en 2020, diez se han cumplido o registran una tendencia positiva que permite augurar su cumplimiento, como la reducción del paro por debajo del 10% (el último dato era del 10,2%), que 20.000 jóvenes tengan una primera experiencia laboral (16.321 lo han hecho ya), cumplir los objetivos de déficit europeos (hay superávit, así que ajustarse al 0% de déficit en 2020 está al alcance de la mano), liderar los índices de transparencia (conseguido) o que el 75% de la población menor de 25 años sea euskaldun (superado ya con holgura, al cierre del año 2018). Los cinco difíciles de cumplir son los referidos al eterno problema de la natalidad, el nuevo estatus que está depositado en el Parlamento y donde el Gobierno no puede hablar de cumplimiento ni incumplimiento, situar a Euskadi entre los cuatro primeros países en igualdad de género (es el noveno), reducir un 20% la tasa de pobreza, y alcanzar el 25% del PIB industrial y el 125% del PIB per cápita europeo.
No es un secreto que el apartado menos boyante es el referido a la aprobación de las leyes, donde solo han sido aprobadas cinco en el Parlamento en esta segunda legislatura de Urkullu (puertos, formación profesional, sostenibilidad energética de las administraciones y dos leyes de modificación sobre el dopaje en el deporte y el plan de carreteras). No obstante, tampoco se está produciendo un bloqueo sistemático. Una sexta ley, la de patrimonio cultural, se aprobará con un amplio consenso. Podrían ser más, porque el PP ha mostrado su disposición a negociar la modificación de la Ley de Policía, frente al veto de EH Bildu y Elkarrekin Podemos; existe una actitud favorable en todos los grupos para abordar la de cooperativas; y el plan vasco de estadística no tiene ninguna arista política y no se prevén rechazos. La de empleo público parece más complicada. La reforma de la renta de garantía de ingresos, por su parte, está congelada hasta después de los comicios a petición del PP y EH Bildu.
El lehendakari considera cumplido el compromiso en el momento en que se aprueba un proyecto en Consejo de Gobierno y se registra en el Parlamento. Lo que suceda a partir de ahí y cómo decida la Cámara gestionar los tiempos no lo considera responsabilidad suya, porque PNV y PSE carecen de mayoría absoluta. Un total de 12 proyectos se han aprobado en Consejo de Gobierno, y cuatro proposiciones se han impulsado desde los grupos de PNV y PSE. Es decir, 16 en total sobre un calendario de 33. Por tanto, en el ecuador de la legislatura, ha lanzado la mitad de leyes prometidas, sin contar las tres leyes para amortiguar la prórroga presupuestaria, que también logró aprobar en el Parlamento. En este momento, se preparan otras diez. La de centros de culto está al caer y solo falta el informe jurídico.
La producción legislativa es con claridad el punto flaco del Gobierno porque no tiene mayoría absoluta. En todo el mandato de Urkullu, remontándose al año 2013, el contador de leyes aprobadas en el Parlamento asciende a 21 (16 en la primera legislatura, y cinco en la presente). En la primera etapa de su mandato, se aprobaron normas clave como la municipal, que llevaba años coleando y que puso el broche final a la arquitectura institucional de la comunidad aclarando las competencias de los municipios y apostando por una financiación suficiente para ejecutarlas. La ley de Derecho Civil fue otra norma ambiciosa y con implicaciones en la vida cotidiana de los vascos, porque aportaba claridad en la intrincada normativa de herencias. También vio la luz la ley del Instituto de la Memoria Gogora.
planes e inversiones El mandato de Urkullu comenzó a finales del año 2012 y se extiende a lo largo de dos legislaturas. En la actual, el final del mandato está previsto para septiembre de 2020. Se han aprobado los quince planes estratégicos previstos y todos ellos están en vigor. Entre ellos se encuentran los de salud, servicios sociales, derechos humanos, el universitario, el de formación profesional, el de empleo y el de internacionalización. Están vinculados a los objetivos europeos y las indicaciones de la ONU. El programa está compuesto, además, por 175 compromisos y 655 iniciativas y, según defiende el Gobierno vasco, el objetivo para el pasado año consistía en que el 100% de ellos contaran con actuaciones vinculadas a su ejecución en el primer semestre. El Ejecutivo dice que el objetivo se ha cumplido, y que en marzo ya se había alcanzado la meta.
En cuanto a la evolución de las partidas presupuestarias relativas a los servicios sociales, en esta segunda legislatura que comenzó en 2016 se ha producido un incremento. Con cifras recogidas en marzo de este año, el Gobierno Vasco habla ya de un incremento del 7,9% en educación, un 9,8% en la salud, un 10,6% en protección social, y un 9,1% en el global de las tres materias en conjunto. En cuanto a los quince indicadores que son objetivo de país, hay materias sociales, como aumentar un año la esperanza de vida, a punto de cumplirse (el dato es de 83,5 años y la meta se sitúa en 84,1); y reducir el abandono escolar por debajo del 8%, que ya se ha logrado con un dato del 7%.
En paralelo, el Gobierno Vasco ha mantenido una interlocución con el Ejecutivo español en materia de autogobierno e infraestructuras. Con Rajoy pactó la actualización del Cupo, el dinero que paga Euskadi a Madrid por los servicios que presta en suelo vasco; y se cerró una modificación del Concierto Económico que refuerza la capacidad recaudatoria de las diputaciones. Con Sánchez se cerró un calendario de transferencias con vocación de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto de Gernika, y se han cumplimentado los pasos previstos sobre las infraestructuras y el Tren de Alta Velocidad, para que llegue en 2023. Todo ello, en un clima propicio por la influencia del PNV en Madrid. El gabinete de Urkullu tiene sobre la mesa un calendario con 33 transferencias, el año pasado cerró el traspaso de dos líneas de tren y la autopista AP-1, y se han encarrilado cuatro materias que se cerrarán la semana que viene. Entre ellas, la AP-68.
También en el campo de las infraestructuras y los equipamientos, el Gobierno Vasco ha inaugurado las instalaciones de Biocruces como centro de referencia para la investigación sanitaria, el nuevo hospital de Eibar, el centro de salud de Retuerto, y el primer Centro de Ciberseguridad en Miñano. Por otro lado, el año pasado se saldó asimismo con la aprobación de las bases para el acuerdo por la educación, con aportaciones del sector y como base para una ley vasca de educación. El PP permitió su aprobación en el Parlamento Vasco. El documento tiene el respaldo del 70% del Consejo Escolar de Euskadi, pero se enfrenta al rechazo de las familias de la red pública (Ehige) y de todos los sindicatos.
En lo que va de año, se ha constituido la mesa de diálogo social con el Gobierno Vasco, CC.OO. UGT y Confebask; se han aprobado tres leyes para amortiguar la prórroga y garantizar el aumento del salario de los funcionarios y los docentes de la escuela concertada, las ayudas a la conciliación, y la renta de garantía de ingresos; y se ha puesto en marcha una línea de crédito con 25 millones para las empresas ante el Brexit.
21 aprobadas en las dos legislaturas. Desde el inicio de su mandato a finales de 2012, se han aprobado en la Cámara 21 leyes (16 en la primera legislatura, y cinco en la actual). En la primera legislatura vieron la luz las de aprendizaje a lo largo de la vida, vivienda, contaminación del suelo, Derecho Civil, fundaciones, tercer sector, relaciones familiares en el supuesto de separación de los progenitores, estatuto de las mujeres agricultoras, espectáculos públicos y actividades recreativas, adicciones, regulación de la iniciativa legislativa popular, dignidad de la persona en el final de su vida, turismo, municipal, el código de conducta de los cargos y el Instituto de la Memoria Gogora. En el presente mandato, la Cámara ha aprobado las leyes de puertos, FP, sostenibilidad energética, y las modificaciones de las normas del dopaje y carreteras.
