Bilbao - Las víctimas de abusos policiales han recibido un balón de oxígeno por parte de los jueces. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha tumbado el intento del sindicato policial SUP de cortocircuitar la ley vasca por medio de la impugnación de la comisión de expertos que estudiaría las denuncias. El tribunal, en un auto que se conoció ayer pero que lleva la fecha del miércoles de la semana pasada, rechaza su recurso contra la resolución que publicó los nombres de los expertos porque no puede impugnar una norma con rango de ley y, en el caso de que quiera tumbar la aplicación de un acto de esa ley, solo puede hacerlo si afecta a sus intereses. En este caso, concluye que el sindicato está “falto de legitimación” porque el asunto recurrido “no incide directamente en la esfera de los intereses que representa, al limitarse a dar publicidad a quienes integran la comisión de valoración”. Dice que es un acto informativo, ni siquiera un nombramiento, y que no produce indefensión.

El recurso del SUP, que lidera una plataforma de organizaciones policiales, de víctimas y de la Guardia Civil, pretendía frenar la ley vasca que busca reparar los abusos policiales sufridos entre 1978 y 1999. Estos sindicatos comenzaron a moverse después de que el presidente Sánchez alcanzara un acuerdo con el Gobierno Vasco para introducir garantías adicionales en la ley y retirar el recurso que interpuso Mariano Rajoy.

Por ello, este desenlace, que elimina una amenaza para la ley en puertas de que sea votada por el Parlamento Vasco, fue celebrado ayer de puertas adentro en el Gobierno de Urkullu, que apunta a que podría producirse un efecto dominó para que decaigan una decena de recursos similares. Siempre opinó que este recurso era precipitado y no tenía base porque, cuando el TC suspendió de manera cautelar la ley, nunca congeló la comisión de valoración. El auto judicial es un varapalo que cuestiona el rigor de esta plataforma a la hora de recurrir y que, por el contrario, refuerza la estrategia de seguridad jurídica de Jonan Fernández.

El Parlamento retomará en febrero su periodo de sesiones, y deberá ratificar los cambios legales para que la norma entre en vigor. Por ahora, el Gobierno Vasco no ha recibido la notificación del Tribunal Constitucional de que haya decaído el procedimiento, a pesar de que Sánchez retiró el recurso. Este es el principal foco de incertidumbre, sumado a un posible recurso del PP. Aun así, no puede paralizar la ley de manera automática porque solo es potestad del Gobierno español.