madrid - Fernando Grande-Marlaska declaró ayer el fin de la política de dispersión carcelaria de presos de ETA y la kale borroka que desde hace décadas han puesto en práctica los diferentes Gobiernos de España para combatir el control de la banda sobre los reclusos más proclives a romper con la organización en la que militaron. El ministro del Interior justificó su declaración argumentando que con ETA disuelta carece de sentido aplicar esta medida, aunque advirtió de que no supone que ahora se vayan a hacer traslados o acercamientos masivos de presos.

Desde que el presidente Felipe González, también del PSOE, la aplicó por primera vez a finales de la década de los 80 del siglo pasado hasta la disolución de ETA en mayo del año pasado, la dispersión carcelaria, confesó el ministro, ha sido utilizada como una “política antiterrorista” para impedir el control sobre los reclusos del denominado frente de Makos y el colectivo de presos EPPK.

Durante un acto de la cadena Ser en Las Palmas de Gran Canaria, el titular de Interior explicó que la dispersión ha sido una medida excepcional y discrecional por parte de los Gobiernos de turno. “No era una política penitenciaria” mientras ETA estaba activa y viva pero considera que, ahora que ya ha desaparecido y ha sido derrotada “por la sociedad y por el Estado de Derecho”, es el momento de aplicarla conforme a lo establecido en la legislación y la normativa penitenciaria.

El alcance de las palabras de Grande-Marlaska sigue siendo una interrogante ya que los pasos realizados desde que asumió la cartera de Interior han sido muy tímidos y se ha limitado al traslado de una quincena de presos a cárceles más cercanas a sus domicilios pero no a prisiones vascas como demandan los reclusos de la desaparecida ETA. Solo en dos casos han sido acercados al centro penitenciario de Basauri al tratarse de dos presos que se desvincularon de la banda, pidieron perdón a las víctimas y, en definitiva, se rigieron por los principios de la vía Nanclares.

El ministro explicó que el destino de los presos lo determina la junta de tratamiento de cada cárcel que valoran “sus circunstancias personales, el delito cometido, las posibilidades de planes de tratamiento en unos y otros centros penitenciarios”. También subrayó que uno de los aspectos que se tienen en cuenta es su entorno familiar. Quiso precisar, no obstante, que “no va a haber traslados indiscriminados” de presos. Desde que asumió la cartera de Interior, los escasos movimientos se han limitado a presos con alguna enfermedad, en segundo grado o al final del cumplimiento de su condena, y sin delitos de sangre.

sare pide “pasos reales” La red de apoyo a los presos de ETA Sare consideró positivas las declaraciones del ministro pero pidió que sus palabras se conviertan “en realidad con urgencia”. En un comunicado asegura que ha recibido con “cierta esperanza” las declaraciones de Grande-Marlaska, pero también “con prudencia” ya que, según denuncia, “no se han dado pasos reales para acabar con la política de alejamiento” de los reclusos de ETA.

“No entendemos que los presos deban pasar un día más alejados de sus familiares y sin que se cumpla la ley”, denuncia Sare, al tiempo que recuerda que , tras la manifestación del día 13 de enero en Bilbao en apoyo a los presos de ETA, solicitó una entrevista con el ministro del Interior para abordar la situación de estos reclusos.

en el estado. Etxerat cifra en 217 los presos de ETA encarcelados en el Estado español. Salvo cuatro con enfermedades graves y dos en prisión atenuada, todos cumplen condena en prisiones fuera de Euskadi. En Francia hay otros 47 presos de la banda y en Portugal uno más. Etxerat no incluye los seis presos disidentes del EPPK alineados con el movimiento ATA, ni tampoco la media docena de presos de la ‘vía Nanclares’ que cumplen su pena en cárceles vascas.

traslados. El Gobierno Sánchez ha acercado a una quincena de presos, pero ninguno a Euskadi.