madrid - Después de que el Vaticano haya decidido callar en la polémica por la que el prior del Valle de los Caídos decidió impedir el acceso para la exhumación del dictador Francisco Franco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría ver allanado su camino si derogara el decreto ley de 1957 que permite a los benedictinos la gestión del recinto, dado que, según Compromís, fue firmado “por un Gobierno ilegal” y “están incumpliendo los fines” para los que se les concedió.
Los objetivos fundacionales consistían en rogar a Dios por las almas de “todos los Caídos” y por España, así como “laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres”, sobre la base de la doctrina social católica. Tareas que fueron delegadas a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz a través de un convenio, suscrito con fecha de 29 de mayo de 1958, entre la Fundación y la Abadía Benedictina de Silos, a petición del Estado. En este contexto, el portavoz de la formación valenciana en el Senado, Carles Mulet, exigió al gabinete socialista que “deje su papel de prestidigitador” respecto al futuro del Valle de los Caídos y que “tome las decisiones en firme que le permite el actual ordenamiento jurídico”.
Las obligaciones de la orden religiosa “consistían, entre otras, en el mantenimiento del culto, la promoción de una escolanía, la dirección de un centro de estudios sociales y el cuidado de la hospedería”. Poco después, la Iglesia de la Santa Cruz fue erigida como Basílica Menor por Juan XXIII el 7 de abril de 1960. Según el representante de Compromís, en primer lugar, este decreto ley “fue firmado por un Gobierno ilegal, y no tiene sentido que el actual Estado acarree con las hipotecas normativas de un régimen genocida e ilegal”. Además, la Abadía estaría incumpliendo los fines, y por lo tanto el Patronato ha de dar cuenta a la Santa Sede y “solicitar la sustitución de la Abadía benedictina por otra Orden o Instituto de la Iglesia”. “Esta orden, a manos de un prior fascista, utiliza el cargo no para laborar por el conocimiento e implantación de la paz entre los hombres, sino para violentar la convivencia democrática y actuar contra la propia legislación, como es en este caso la Ley de 2007 que pide resignificar el conjunto del Valle de los Caídos”, argumenta. Afirma además que el convenio entre la Fundación y la Abadía atenta contra la Ley de 2007 de Memoria Histórica, en tanto y cuanto se produce la exaltación del franquismo, celebrando misas el 20-N, entre otras fechas, en honor a los caídos en la Cruzada.
“Las recomendaciones de la comisión de expertos ya apuntaban a la necesidad de renegociar el convenio con la Iglesia por ser anacrónico”, dice Mulet. En base a la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y su Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 496/1987 de 19 de marzo, las funciones de patronato y representación de la Fundación se asignan al Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, por lo que el Gobierno tiene “todo el amparo normativo para expulsar a esta orden del Valle de los Caídos”.
