madrid - El fiscal Jaime Moreno defendió ayer que el Tribunal Supremo sea el órgano competente para juzgar el caso del 1-O en un adelanto de lo que será la causa del procés con el argumento de que lo que produjo “fue un atentado al orden constitucional”. “El Estado y su corazón, que es el TC, estaban en la diana, en el corazón de ese ataque. Fue un atentado grave al interés general de España”, reflexionó, mientras que las defensas de los líderes soberanistas acusados reclamaron a los siete magistrados designados para celebrar el juicio que renuncien a seguir adelante y remitan el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que en su opinión es el órgano competente. “Hoy empieza todo”, arrancó el abogado Andreu Van den Eynde, representante de Oriol Junqueras y primero en intervenir en la vista para zanjar la competencia del Supremo. La resolución de esta cuestión de previo pronunciamiento por parte de la Sala presidida por el juez Manuel Marchena es necesaria para dar inicio al juicio en sí, previsto para finales de enero. El letrado narró los reproches que se reeditarán una vez comience el proceso judicial: que estamos ante “un juicio político” y ante una “causa general” contra el independentismo. “Son políticos haciendo política”; “votar no es delito”, resumió para plantear que en realidad no debería haber juicio ni en Madrid ni en Barcelona.

La exposición se centró en parte en la actuación del Supremo ante la consulta del 9-N y en la que no se vio competente, limitándose a juzgar al exconseller Francesc Homs porque se trataba de un diputado estatal, pero dejó para el TSJC al entonces president Artur Mas y las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega. La falta de competencia del Supremo era entonces “cristalina” y ahora sin embargo “no lo es: hay que respetar lo que dice el Estatuto de Autonomía y lo que dice del aforamiento”, sostuvo el abogado que representa también a Raül Romeva. “Lo que hay es un argumento sentimental: que esto afecta a todo el mundo. Pero la competencia no se construye así”, zanjó.

delitos en suelo catalán Por su parte, Jordi Pina, que representa a Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, repasó los supuestos elementos internacionales en los que la Fiscalía basa la competencia del Supremo: la actuación de Diplocat, el registro ciudadanos en el extranjero, la existencia de locales para votar en el extranjero y la campaña de voto internacional, las delegaciones exteriores, las existencia de un lobby estadounidense, de webs alojadas en terceros países y de observadores internacionales. “Esos son los hitos que recoge el escrito de acusación pero ninguno de ellos es un elemento esencial de la rebelión o la sedición”, exclamó. Los presuntos delitos “claramente se han cometido en Catalunya”, concretó, al tiempo que adelantó que, si no se envía la causa a Catalunya, sus defendidos pedirán declarar en catalán y que en el juicio se disponga una traducción simultánea.

Tras la intervención de los abogados de las defensas , en el turno de las acusaciones, Moreno -uno de los cuatro fiscales designados para el caso, acompañado por la ex fiscal general Consuelo Madrigal- replicó que en cuanto a que esos actos no fueron violentos cree que “no todos los actos de la rebelión tienen que serlos necesariamente”. Para reforzar la competencia del Supremo, el fiscal aseguró que lo que se produjo el 1-O fue un intento de derogar la Constitución en Catalunya. “Fue un atentado grave al interés general que rebasa el territorio de la comunidad autónoma” que acabó requiriendo la aplicación del artículo 155 con la intervención para ello tanto del poder legislativo como Ejecutivo. Por su parte, Abogacía del Estado estimó que no hubo rebelión sino sedición. Una vez dictado el auto que ratificase la competencia del Supremo, las defensas contarían con diez días para presentar sus escritos.