Sevilla - El juicio de la pieza política del caso ERE contra 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía dirigida por el PSOE queda hoy visto para sentencia tras 152 sesiones durante más de un año en el que el tribunal ha oído a más de 120 testigos, nueve peritos y los acusados que afrontan hasta ocho años de cárcel por prevaricación y malversación. Los expresidente regionales Manuel Chaves y José Antonio Griñán están en lo alto de la pirámide de un presunto caso de corrupción por el que están acusados de diseñar y mantener un “sistema opaco para conceder 850 millones de euros para empresas en crisis entre 2001 y 2010”, según apuntó el auto de procesamiento.
El juicio se vio alargado la pasada semana por la presentación de los informes de defensa de algunos acusados. Con ellos concluyen las exposiciones de sus informes finales, en los que coinciden en pedir la absolución de todos los acusados al no considerar que cometieran los delitos de prevaricación y malversación por los que les acusa la Fiscalía Anticorrupción y el PP andaluz (Manos Limpias retiró la acusación de malversación) y a los que las defensas critican la “indefinición” de los hechos concretos que les imputan.
Tras ello, el magistrado Juan Antonio Calle dará la oportunidad a los 21 acusados de ejercer su derecho a una última palabra, si bien en principio la mayoría no tiene intención de hablar más allá de un agradecimiento protocolario al tribunal. Con ello, el juicio queda visto para sentencia, un fallo que el tribunal ya ha dejado claro que tardará al menos seis o siete meses por lo que no se prevé que se conozca antes de julio y está por determinar si se hará una lectura pública como en otras macrocausas de corrupción.
Será entonces cuando se conozca si los expresidentes del Gobierno andaluz Manuel Chaves y José Antonio Griñán -acusados por la Fiscalía Anticorrupción a diez y a seis años de cárcel, respectivamente- y una veintena de ex altos cargos de las consejerías de Empleo, Hacienda, Innovación y la agencia pública IDEA son condenados por prevaricación y malversación por la creación de un “procedimiento específico” para dar 850 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas sin control. O si por el contrario el tribunal entiende que el procedimiento de concesión y pago de las ayudas no era ilegal sino que las irregularidades se produjeron en la gestión y ejecución del crédito, que se enjuicia en las piezas separadas sobre las ayudas - Efe
