Madrid - El Gobierno español aprobó ayer la propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los miembros del Ejecutivo, diputados y senadores al ejercicio del cargo, con la modificación de los artículos 71.3 y 102 de la Carta Magna. El anteproyecto debe pasar ahora a consulta del Consejo General del Poder Judicial, que tiene un mes de plazo para emitir su informe, antes de que la propuesta llegue a las Cortes.

Lo aprobado ayer se limita a modificar los artículos 71 (apartado 3) y 102 (apartado 1) de la Constitución que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores. El artículo 71.3 quedará redactado de la siguiente manera: “En las causas contra Diputados y Senadores por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”. Y el 102.1, así: “La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo será exigible ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo”.

Tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez, abrirá una ronda con todos los grupos parlamentarios con el objetivo de recabar su apoyo, según lo anunció la vicepresidenta, Carmen Calvo. El PP será clave para que la reforma salga adelante puesto que este tipo de reforma de la Constitución que afecta tan solo a dos artículos requiere el apoyo de tres quintas partes del Congreso -210 de los 350 diputados- y el Senado -159 de los 266 representantes- donde los populares tienen mayoría absoluta.

Con esta reforma, el Gobierno aspira a acercarse a la “tónica media” del régimen de aforamientos en el resto de Europa y trasladar a los ciudadanos la seguridad de que los cargos públicos “están sometidos con igualdad ante las leyes”, explicó Calvo. La propuesta no entra en el terreno de las autonomías, cuyos Estatutos otorgaron también el fuero a los miembros de sus Gobiernos y Parlamentos, pero Calvo remarcó que es “evidente que una vez que se marca el listón”, ha de producirse una “armonización constitucional”, por lo que los Estatutos se deberán adecuar a la nueva redacción de la Carta Magna.

Reticencias El presidente del PP, Pablo Casado, se mostró reticente con lo aprobado ayer y aseguró que “la regeneración la tiene que empezar Pedro Sánchez aplicándose sus propios baremos”, al tiempo que advirtió de que una reforma de la Constitución en este momento “pone en riesgo la concordia” de la propia Carta Magna.

Mucho más contundente se mostró Albert Rivera, que señaló que lo aprobado es una “estafa” y un “engaño que pretende blindar a los corruptos”. El líder de C’s lamentó que con el planteamiento del Gobierno “se hable solo de uno o dos por ciento de casos que afectan a la vida privada de los diputados”. - Efe/E.P.