Moncloa niega que las penas que pide la abogacía sean un gesto político

madrid - El Gobierno español negó ayer que haya cambiado de criterio en la causa contra los líderes del procés o que haya habido alguna imposición a la Abogacía General del Estado para que no les acuse del delito de rebelión después de que se conociera el escrito de acusación del organismo dependiente del Ministerio de Justicia y de la Fiscalía. La vicepresidenta del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, señalaron que la posición de la Abogacía “no es un gesto político” sino fruto de una discrepancia jurídica entre la Fiscalía, que sí ve el delito de rebelión, y el defensor del Estado, que solo ve sedición. “Hemos heredado una crisis enorme en Catalunya y estamos dispuestos a resolverla dentro de los cauces de la Constitución. No es una cuestión de cálculo. Hemos recibido esta herencia de un Gobierno (del PP) que decidió que todo lo resolvieran los tribunales y que pensaba que no había nada que hacer desde la política. Nosotros somos lo contrario de eso”, argumentó Calvo.

Delgado tuvo que desmentir reiteradamente que haya existido imposición del Ejecutivo socialista a la Abogacía o discrepancias en su seno, y rechazó que los defensores del Estado hayan cambiado de opinión desde agosto, cuando se sumaron a la posición de la Fiscalía en la que se hablaba de rebelión. En su intención de suavizar la polémica, Calvo llegó a hacer un extraño giro para no contestar a una pregunta sencilla: ¿por qué el presidente del Gobierno ahora no ve el delito de rebelión cuando sí lo veía con claridad en mayo, cuando fue preguntado en una entrevista? Interpelación ante la que hizo una réplica confusa. “El presidente del Gobierno nunca ha negado la rebelión”, dijo en la primera respuesta ante la sorpresa de los periodistas, que habían escuchado esas palabras. Cuando otro colega le repreguntó, ella afirmó: “Es que hablan de mayo, y me han preguntado por el presidente del Gobierno”, que entonces era líder de la oposición. “Pero es la misma persona”, le puntualizaron. En esa tesitura, el periodista perfeccionó la pregunta: “Bueno, ¿por qué ha cambiado Pedro Sánchez de opinión?”. Calvo la esquivó. “Nosotros somos Gobierno ahora, respondemos de la posición del Gobierno”, se limitó a contestar. No es la primera vez que el Ejecutivo renuncia a explicar su cambio de posición desde que era oposición, y por ejemplo Sánchez llamaba a Quim Torra “el Le Pen español”, a su línea mucho más moderada al frente de la Moncloa.

El Ejecutivo de Sánchez aseguró que mantendrá un “escrupuloso respeto” a la justicia durante todo el juicio, confiando en que la Fiscalía, a la que no se animó a presionar porque pensaba que podía ser contraproducente, rebaje su acusación durante la vista oral. Calvo criticó que otros partidos como PP y Ciudadanos osaran incluso “calificar delitos” y remitir la “imaginación” a “espacios lejanos en el tiempo”, algo que ella sí ve como presiones a la Justicia.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, tachó de “indecente” que el presidente español “humille” a España forzando a la Abogacía del Estado al no acusar de rebelión a los dirigentes del procés. “Es indecente que el Gobierno humille a España forzando a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas. Sánchez está inhabilitado para seguir al frente de Gobierno y debe convocar elecciones ya”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. Mientras, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó en la misma red social de “inmoral” la actitud de Sánchez, al que acusó de estar “utilizando el poder ejecutivo” para indultar a los líderes del proceso soberanista si son condenados. Desde el otro lado, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, censuró la “judicializacion del conflicto catalán” y denunció que las peticiones de penas de cárcel a los políticos independentistas demuestran que la ley no es igual para todos en el Estado español. El líder morado criticó que “algunos quieren que los independentistas se pudran en la cárcel”, mientras que el expresidente español José María Aznar “disfruta de la libertad y de todos los privilegios”, a pesar de ser, según Iglesias, “máximo responsable de la corrupción y culpable de una guerra criminal”.