El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ha decidido intervenir para intentar frenar la oleada islamofóbica que este verano está sacudiendo a la Región de Murcia y que ha tenido su última expresión con el acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Jumilla de impedir el uso de sus instalaciones deportivas para las celebraciones de la comunidad musulmana local. El Ejecutivo estatal presentó un requerimiento a la corporación jumillana, encabezada por la alcaldesa Severa González, del Partido Popular, para que anule la moción, impulsada por esta fuerza política y por Vox, que insta a la institución local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.
El requerimiento apunta que el acuerdo municipal “infringe el ordenamiento jurídico”, en concreto el derecho a la libertad religiosa, reconocido en el artículo 16 de la Constitución Española. El documento precisa que se vulnera el principio de neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, al tiempo que hace referencia a la exigencia de motivación suficiente en la restricción del uso de espacios públicos conforme a la normativa estatal.
Según el escrito, suscrito por la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara, “la motivación real” del acuerdo adoptado por PP y Vox “no responde a criterios técnicos ni organizativos, se aparta de los criterios legales de gestión de los usos de los bienes públicos y, además, no responde sino a una finalidad ideológica de exclusión religiosa, expresamente reconocida por sus promotores”.
“Desde el Gobierno de España enviamos un requerimiento al Ayuntamiento de Jumilla, en Murcia, para que anule la moción que impide la celebración de actos que la comunidad musulmana venía realizando desde hace años”, informó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. En un comentario en X, el ministro precisó que el requerimiento se envió ayer por la mañana, con “informe jurídico”.
“Ante la intolerancia no hay medias tintas. PP y Vox no pueden decidir para quién sí hay libertad de culto y para quién no. Es un derecho constitucional”, defendió Torres. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, añadía que “frente a la deriva extremista” de PP y Vox, el Gobierno defiende “la Constitución, los derechos y la libertad religiosa”.
En el polo opuesto, el presidente de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, quien saltó a la palestra hace unas semanas con motivo de sus llamadas a las deportaciones masivas en el marco de los disturbios racistas de Torre Pacheco, señalaba que el requerimiento responde a una estrategia de un “gobierno mafioso, que trata de tapar sus escándalos con una polémica que no es tal”. Antelo atribuyó la decisión del Ejecutivo a un intento de crear una “polémica que no existe, que es sentido común” e insistió en su defensa de la “cultura española, que es la cultura de la cristiandad”.
Quien sí lo celebró es el coordinador de la Comisión Islámica de la Región de Murcia, Walid Habbal: “¡Qué buena noticia!”, exclamaba al conocer la impugnación antes de advertir que, de haberse aplicado el cambio en la ordenanza reguladora del uso del polideportivo, “se hubiera dado un paso atrás importantísimo, se habría retrocedido al menos 40 años”.
Por el contrario, el Ayuntamiento de Jumilla eludió pronunciarse respecto al requerimiento contra el acuerdo adoptado el pasado 28 de julio.
