Gasteiz - El Govern de Catalunya estará presente en la próxima reunión de la comisión mixta de financiación autonómica en la que participan miembros de los gobiernos catalán y español. Es la primera vez desde la aplicación del artículo 155 el año pasado en que un representante de la Generalitat estará presente en una foro multilateral con el Estado español.
Se trata de un pequeño gesto de distensión difícilmente realizable durante el mandato de Mariano Rajoy pero que con los guiños al diálogo de Pedro Sánchez ha podido materializarse. No obstante, el Govern aclara que enviará a un técnico, sin perfil político, con la intención de “constatar los incumplimientos en el modelo de financiación. En concreto, será la subdirectora general de Financiación Autonómica y Sostenibilidad Financiera la que la próxima semana acudirá a este foro multilateral que pretende abordar los problemas de suficiencia de recursos en las comunidades.
El tímido gesto se corresponde con la percepción de la portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi, que el pasado martes consideró que el Gobierno de Sánchez es “mejor” que el anterior Ejecutivo del PP, aunque le reclamó que las buenas palabras de hasta ahora se traduzcan en hechos concretos.
El deshielo no es absoluto ni parece inminente ya que ambas partes siguen enrocadas en sus postulados de máximos. Además, las lecturas de esta participación catalana en un foro de este tipo tras siete años de ausencia son diferentes. Así, mientras que para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la participación de la Generalitat en este foro se enmarca en la normalización de las relaciones institucionales entre Estado y Catalunya, para el vicepresident catalán, Pere Aragonès es un mero “gesto de buena voluntad”.
En declaraciones de la ministra Montero, el Gobierno español “no se va a cansar de trabajar y dialogar para que efectivamente la situación de Catalunya pueda distender este conflicto”. Por su parte, Aragonés minimizó la importancia de su presencia en el foro y recordó que la situación política en Catalunya “no podrá empezar a normalizarse hasta que la gente exiliada o encarcelada por causas políticas no pueda volver a su país”.
Tras aclarar que el Govern quiere que el Estado suscriba un “calendario de pagos” de la deuda pendiente con Catalunya que, según señaló, asciende a 7.607 millones de euros, el número dos de la Generalitat avisó que “se equivoca el Estado si cree que cambiaremos la autodeterminación por unas décimas más de IRPF”.
En lo político el Gobierno español quiere centrar todas sus iniciativas con Catalunya en el ámbito del autogobierno, sin traspasar la línea roja de la autodeterminación como demanda la Generalitat, que también pone en el frontispicio de sus reclamaciones la libertad de los presos soberanistas y la vuelta de los exiliados. En el plano de la gestión, Pedro Sánchez pretende encauzar el diálogo con los catalanes a través de comisiones como la que se celebrará el próximo martes con un representante catalán de perfil bajo.
