BARCELONA - Durante unas pocas horas, el problema catalán estuvo a punto de entrar en una vía para la solución o para complicarse aún más, pero en cualquier para cambiar de rumbo. Para sorpresa del independentismo, el PDeCAT aceptó acotar al ámbito “del ordenamiento jurídico vigente” su moción de mayo en la que reclamaba una salida para que los catalanes puedan decidir su futuro de forma democrática y “sin imposiciones ni impedimentos”. El PSOE había introducido ese acatamiento de la legalidad vía enmienda sin tocar una coma más del texto original, y los neoconvergentes, o al menos su grupo en el Congreso, asumieron el riesgo, ellos que hace un año eran fervientes partidarios de la línea unilateral ante la incapacidad para el diálogo del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El PDeCAT era consciente del movimiento que acaba de probar y pedía a Sánchez que lo apreciara y actuara en consecuencia. Tras recalcar que la Diada del martes “expresó el fracaso de la política represiva”, Campuzano reclamaba a Sánchez que tuviera “la audacia política de Suárez en 1977”, cuando se permitió la vuelta de Tarradellas a España y la restauración de la Generalitat de Catalunya. Celebraba, además, que la moción “va a suponer el primer mandato político de la Cámara desde 2012 que insta a dialogar para hacer frente a la situación que se vive en Catalunya”.

El PSOE, o más bien el PSC, por boca de José Zaragoza, acusaba al independentismo de seguir anclado en la autodeterminación y de no haber querido el diálogo, pero en todo caso, reivindicaba esa vía del diálogo y esperaba acontecimientos con la tranquilidad de que con su enmienda quien se la jugaban eran los catalanes, toda vez que la coletilla añadida hacía el texto aceptablemente digerible en España.

Faltaba para rematar la jugada el apoyo de ERC, en los últimos meses más posibilista que el PDeCAT y con su líder en la cárcel, pero que ayer no terminaba de decidirse, quizás abrumada por el efecto sorpresa ante lo que acababa de suceder. El portavoz republicano, Joan Tardá, abogaba por “empezar a caminar” en un diálogo “sin cortapisas”, una frase que podía servir tanto para respaldar la moción como para no hacerlo, pero más tarde su compañero en el Congreso, Gabriel Rufián, anunció la abstención de ERC porque el diálogo “no debe tener límites” y mucho menos los impuestos “desde despachos que retuercen las leyes a su antojo”. Las cuentas ya no salían en la Cámara, la supervivencia o defunción de la moción dependía de Coalición Canaria.

La decisión de los republicanos daba al traste con el movimiento del PDeCAT, o de Campuzano, pero no de forma inmediata. Desde Barcelona llegaba el aval al grupo del Congreso, que verbalizó el portavoz adjunto de JxCat en el Parlament , Eduard Pujol. “No es una renuncia, sino avanzar”, afirmó, según informa Europa Press.

Sin embargo, las críticas iban arreciando apenas 24 horas después de que el independentismo volviera a mostrar la anhelada unidad en la primera Diada que vio Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español. También se extendía el desconcierto. Finalmente, a última hora de la tarde el PDeCAT daba a conocer que retiraba la moción.

Ahora ya será una incógnita hasta dónde podría haber avanzado la vía que trató de abrir Campuzano, quien argumentaba que el ordenamiento jurídico permite poner en marcha un referéndum sobre la independencia. El PSOE rechaza de plano esta posibilidad a la vez que fía la resolución de la cuestión territorial a una reforma constitucional que no termina de llegar, mientras lanza a la Generalitat ofertas para aprobar un nuevo Estatut que colme las ambiciones de una mayoría suficiente de catalanes.

Por otro lado, el movimiento del PDeCAT se produjo en un contexto en el que el Ejecutivo socialista ha combinado las llamadas a la concordia con gestos que indican que el artículo 155 y la solución policial pueden ser reactivados en cualquier momento. La defensa cerrada del juez Llarena o el envío de centenares de agentes antidisturbios a Catalunya han sido el contrapunto a las reuniones entre ambos gobiernos a iniciativa de Madrid, la normalidad en la que el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, enmarcaba dichos traslados de policías; o el posicionamiento en la BBC del titular de Exteriores, Josep Borrell, en contra del encarcelamiento de los políticos independentistas.