barcelona - El Gobierno español considera que el encendido discurso del president Quim Torra el pasado martes no va más allá de las palabras, en clave de consumo interno. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, valora que el líder catalán no alentará ningún camino de desobediencia e ilegalidad y entiende que no hacerlo significa que hay juego político-institucional. De este modo, subrayó ayer la relación establecida por el Gobierno español con la Generalitat a través de la Comisión Bilateral y apostó por mantener esa “agenda de normalidad”, pese al discurso del president Torra.

Batet compareció ayer ante la Comisión de Política Territorial del Congreso para explicar el encuentro de la Bilateral el 1 de agosto y, aunque sobre esta intervención planeaban las últimas declaraciones de Torra, solo se refirió a ellas para constatar que “una declaración de un dirigente político” no vulnera el respeto al marco estatutario y constitucional. A su juicio, además, “hay ese respeto” por parte del president, ya que la Generalitat está en una mesa de diálogo con el Gobierno enmarcada en esa legalidad: la Comisión Bilateral. Por eso, rechazó la aplicación del artículo 155 en Catalunya, ya que exige “un incumplimiento material, grave y reiterado” de la legalidad, que no se ha producido.

Para Batet, el camino a seguir es el del diálogo abierto por la Comisión Bilateral, porque “es mejor hablar de los problemas de los catalanes que hablar de los problemas de Catalunya”. En este sentido, hoy se reúnen en Madrid la consellera de la Presidencia, Elsa Artadi, y el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, para establecer la agenda de asuntos a tratar entre los dos gobiernos en los próximos meses.

Durante la reunión empezarán a analizar el traspaso de competencias y también la retirada de recursos. Empezando por el que pende sobre la ley catalana que universaliza la atención sanitaria. La ministra dijo ayer que ve viable retirar el recuso en el Tribunal Constitucional contra esta norma, así como los planteados a normas similares de otras comunidades, mediante un real decreto ley que deberá ser aprobado hoy en el pleno del Congreso de los Diputados.

Batet lamentó que la conflictividad ante el TC con las autonomías ha crecido “desmesuradamente” y la intención del Gobierno es desistir en los recursos que tengan solución dentro del ámbito constitucional. - DNA