GAsteiz - La protesta de los colectivos contrarios a la ley de abusos policiales va a dar el salto desde el ámbito judicial a las calles con una serie de manifestaciones y concentraciones, aún sin concretar. A través de ellas, los sindicatos policiales, plataformas de la Guardia Civil y determinados colectivos de víctimas pretenden mostrar su rechazo a esta norma con la consigna de que su tarea en la lucha antiterrorista no puede estar en cuestión, y quieren generar un clima de presión sobre el Gobierno Vasco y, en particular, sobre el presidente español, Pedro Sánchez, que ha retirado del Tribunal Constitucional el recurso que interpuso Rajoy. Esta dinámica la lidera desde hace semanas el sindicato policial SUP, aunque en este grupo están también representados Covite y la asociación de ertzainas y familiares de víctimas del terrorismo, Aserfavite.

El grupo de trabajo constituido antes de las vacaciones de verano celebró ayer su primera reunión en Gasteiz para concretar su hoja de ruta en el ámbito judicial y en el terreno de la protesta pura y dura. En el campo de los tribunales, no hay grandes novedades más allá de volcarse todos con el recurso del SUP ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y estudiar una querella por prevaricación.

Todas las organizaciones se van a sumar al recurso presentado en el alto tribunal vasco por parte del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que quiere tumbar la constitución de la comisión de abusos policiales. Es una vía de incierto resultado para el sindicato, porque esa comisión en ningún momento estuvo suspendida por el Tribunal Constitucional y, por tanto, podía constituirse. El expresidente Rajoy recurrió la ley vasca que busca reparar los abusos policiales cometidos entre 1978 y 1999, y el tribunal lo admitió a trámite y suspendió de manera cautelar varios artículos, pero ninguno impedía poner en marcha el grupo de expertos. El Gobierno español de Pedro Sánchez ha retirado el recurso, de manera que el conflicto judicial está desactivado en el Tribunal Constitucional y solo pueden retomarlo las instituciones o un recurso interpuesto por cincuenta diputados del Congreso.

Fuentes del PP confirmaron ayer a este periódico que existe una vía de interlocución con esta plataforma desde antes del verano, a través de su senador Ignacio Cosidó, que además fue director general de la Policía española. Según las mismas fuentes, el PP se comprometió a “mantenerse vigilante”. Esta misma semana, Cosidó se reunió con el SUP, pero el PP no estuvo ayer en el encuentro de Gasteiz. No hay nada concreto sobre la posibilidad de recurrir al Constitucional. Además, esa alternativa parece ahora más lejana después de que los sindicatos apostaran ayer por “la ausencia de vinculación política en las iniciativas que se lleven a cabo”. Sánchez, por su parte, ha blindado con el Gobierno Vasco la seguridad jurídica de la ley, aclarando que no pretende señalar culpables, sino centrarse en reparar a las víctimas. Los colectivos sí estudian una “querella por prevaricación administrativa”, pero no está decidido y todo dependerá del recorrido que le vean los juristas que asesoran al grupo.

Sindicatos policiales liderados por el SUP, plataformas de la Guardia Civil como la AUGC y colectivos de víctimas como Covite (representado por Antonio Recio en la cita de ayer, donde no pudo estar presente Consuelo Ordóñez) acordaron como primera medida adherirse al recurso del SUP en el alto tribunal vasco. Además, intentarán implicar en su dinámica a jueces, fiscales, forenses y funcionarios de prisiones que hayan trabajado en el ámbito de la lucha antiterrorista desde 1960. Creen que la ley también los afecta y puede cuestionar su labor.

protesta social Este grupo de trabajo ha acordado iniciar en las próximas semanas un ciclo de manifestaciones y concentraciones para hacer visible su protesta. En este grupo se encuentran representados cuatro sindicatos policiales, siete colectivos de la Guardia Civil entre los que se encuentran plataformas de cabos y suboficiales, dos colectivos de fuerzas de seguridad víctimas del terrorismo, y Covite. El criterio de estos grupos es que la labor de las fuerzas de seguridad no puede ponerse en cuestión, y que en todo caso han sido víctimas, pero nunca delincuentes. También van a llevar a Europa su queja y la “adulteración del relato” por parte del Gobierno vasco, aunque no concretaron las fórmulas.