madrid - La minuta por la defensa jurídica del magistrado instructor del procés soberanista en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, supondrá un desembolso de 544.982 euros a las arcas del Estado. El Ministerio de Justicia emitió a última hora de ayer un comunicado para anunciar su decisión de encomendar al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representación del Estado español y del propio juez ante el tribunal de instancia de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.
Acusado por los demandantes de haberse extralimitado en sus funciones, además de haber vulnerado el derecho a un juez imparcial, a un proceso judicial equitativo, justo y a la presunción de inocencia, Llarena delegará su declaración -fechada para este próximo martes, 4 de septiembre- en los letrados de un reconocido despacho de abogados con sede en Bruselas. “El valor de la adjudicación asciende a 450.413,22 euros, a los que hay que sumar otros 94.568,78 en concepto de impuestos, lo que supone un total de 544.982 euros”, detallaron desde el Ministerio de Justicia.
“Una vez concluido el trámite de selección del despacho de abogados, la documentación fue remitida a la Embajada española en Bruselas, donde representantes legales de la legación diplomática y el bufete firmaron el preceptivo contrato”, afirmaron estas mismas fuentes, que ahondaron en que el citado despacho de abogados “asumirá la representación procesal del Estado y del magistrado Llarena”. Ejercerán esa defensa letrada “de acuerdo con la dirección técnica que ejercerá la Abogacía del Estado”, siempre bajo el objetivo de “defender la soberanía e inmunidad jurisdiccional de la Justicia española ante los tribunales belgas, una defensa que incluye la del instructor del Supremo”.
Para el Gobierno de Sánchez, la contratación del bufete de defensa solventa, al menos de momento, una polémica que ha erosionado la imagen del Ejecutivo. Tanto es así que los vaivenes del caso Llarena han puesto en el disparadero a su titular, Dolores Delgado, por afirmar inicialmente que el juez del Tribunal Supremo debía de costearse de su propio bolsillo el coste de su defensa y virar de opinión en apenas tres días por las presiones de diversos estamentos judiciales. El caso pasó a ser una “cuestión de Estado”, tal y como sostuvo el presidente. Esa rectificación ha supuesto que Delgado vaya a ser reprobada en el Senado por el caso Llarena a instancias del PP. Los populares avanzaron que si no es cesada por el presidente Pedro Sánchez, exigirán su dimisión.
