madrid - Magistrados del Tribunal Supremo acogieron con estupor la decisión del Ministerio de Justicia de no asumir la defensa del instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, por lo que este departamento ha denominado “actos privados que se le atribuyen” en relación con la demanda civil que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers plantearon contra él ante un juez belga. Consideran que los investigados buscan hacer daño personal al magistrado y no solo desacreditar el proceso, y que Justicia ha caído en la estrategia de estos, dejando “vendido” a Llarena, que ahora tendrá que pagar un abogado de su bolsillo que le costará bastantes miles de euros.

Según fuentes de este órgano, a Llarena se le ha demandado ante el juez belga por ser instructor de la causa del proceso independentista en Catalunya y no por otra cosa, si bien para conseguir sus fines las defensas de Puigdemont y sus consellers buscaron unas manifestaciones del magistrado en un acto público que les permitieran decir que es demandado por actos “privados”.

El informe elaborado por la Abogacía del Estado sobre la forma de actuar ante la demanda civil en Bélgica contra Llarena defiende que concurren los requisitos para que el Estado español se persone en dicho procedimiento sin los reparos añadidos por el Ministerio de Justicia, que condiciona dicha personación a los términos en los que resulte admitida la demanda. Justicia aclaró el pasado jueves en un comunicado público que no se trata de defender personalmente al juez, sino que solamente va a intervenir en este proceso si en algún momento de la instrucción belga se quiere poner en cuestión la soberanía española para enjuiciar un caso dentro de las fronteras del propio Estado español.

cesión del gabinete socialista Para las fuentes consultadas, la alusión a las declaraciones personales de Llarena en la demanda de Puigdemont no es sino una parte de la estrategia de los investigados para que su “intención dañina” pueda ser viable, pues no podrían cuestionar ante la justicia belga las actuaciones jurisdicionales de Llarena. Lo malo, añaden, es que con su decisión de distinguir entre defensa de la soberanía del poder judicial español y los actos de Llarena, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha “caído en su estrategia”, pues renuncia a defenderle aceptando la demanda en el punto de que es por un acto privado.

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a la que pertenece Llarena, mostró también su más rotunda oposición a la decisión del departamento de Dolores Delgado y le reclamó que defienda a Llarena y a la soberanía española “sin reservas” y sin dichas “hipotéticas cautelas”.

El Estado español, según informó Justicia, se personará ante la Justicia de Bélgica en defensa de la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles “si, en el momento de admitir a trámite la demanda presentada por el expresident y cuatro exconsellers de la Generalitat contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, la autoridad judicial belga menciona siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal abierta en España contra ellos”. - E. P.