- La exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos se hará en secreto, sin informar previamente a la ciudadanía del día concreto en que tendrán lugar los trabajos, para evitar protestas, principalmente, de los grupos de extrema derecha. Así lo reseñó ayer la vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, quien calculó que este proceder podría realizarse ya el próximo mes, pero recalcando que se hará “con mucha prudencia y sin alharacas”. Lastra justificó esta discreción por los ataques fascistas que las sedes y casas del pueblo socialistas están registrando desde que se anunciara la determinación del Ejecutivo de Pedro Sánchez de sacar al dictador de dicho mausoleo. El Consejo de Ministros de hoy aprobará un real decreto ley que dará amparo legal a la exhumación de Franco, a través de una modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica.

Es una fórmula que la Constitución limita a cuestiones “urgentes”, y Lastra la ve “adecuada y correcta” para llevar a cabo la exhumación de Franco, porque el Congreso instó el 11 de mayo de 2017 al Gobierno del PP a que sacara sus restos del Valle de los Caídos, dado que Franco es la única persona enterrada allí que no murió en la Guerra Civil ni fue represaliado posteriormente en la dictadura, sino que falleció octogenario de muerte natural. A juicio del Gobierno socialista, se trata de una “urgencia democrática” porque en este asunto el Estado español lleva “43 años de retraso”. Y es la vía correcta porque, aparte del mandato de la Cámara Baja, organismos internacionales como la ONU “instan constantemente” a dar cumplimiento a esa resolución, que también pide convertir el Valle de los Caídos en un memorial a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura.

Asimismo, ERC exige al gabinete socialista, a cambio de apoyar el decreto ley sobre la exhumación, que se comprometa a anular las sentencias del franquismo, y especialmente la condena a muerte dictada el expresident catalán Lluís Companys, fusilado en octubre de 1940. El PSOE aceptará la proposición y borrará de la historia por ley los juicios sumarísimos del franquismo. La medida saldrá adelante gracias a los partidos que apoyaron la moción de censura. Queda por decidir cómo se hará: desatascando la proposición de ley que presentó el PDeCAT en 2017 y que lleva bloqueada desde entonces, o con una ley de memoria histórica más amplia. La anulación de estas sentencias ya se ha intentado en otras ocasiones, pero el Supremo lo rechazó al considerar que se sostenían en la legalidad vigente de entonces. Si la medida prospera, quedarán anulados no solo el juicio de Companys, sino también el de otros personajes como el poeta Miguel Hernández o el de Salvador Puig Antich.

El Gobierno vasco es “favorable” a que los restos de Franco sean retirados “sin más demora” porque a un dictador “sanguinario y liberticida” no se le puede dar un tratamiento de “privilegio, exaltación y reconocimiento”. Sin embargo, el presidente del PP, Pablo Casado censuró la “irresponsabilidad” de Sánchez por “reabrir heridas superadas” solo para “ocultar su incapacidad para gobernar”.