madrid - El Valle de los Caídos es una patata caliente que ha quemado en las manos de todos los gobiernos. Ni siquiera el socialista José Luis Rodríguez Zapatero se atrevió a sacar el cadáver de Franco o a iniciar las exhumaciones de los combatientes enterrados en la cripta, una gestión que además es muy complicada, a juicio de los forenses.

Este monumento se construyó siguiendo las órdenes de Franco para perpetuar la memoria de los caídos en la guerra, y se construyó también con trabajos forzados de los represaliados. En el Valle reposan los cuerpos de 33.833 combatientes de ambos bandos, todos ellos presididos por el cadáver del propio Franco, que ocupa un lugar de honor. Los cuerpos de los combatientes, sin embargo, están hacinados, muchos de ellos sin ningún tipo de identificación que de mayor dignidad a su sepultura. En total, 21.423 están identificados, y 12.410 son desconocidos. Estos cuerpos se trasladaron al Valle desde unas quinientas fosas repartidas por todo el Estado. Se estima que hay 1.070 ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra en esa fosa. Los muertos son de todas las provincias, salvo A Coruña, Ourense y Santa Cruz de Tenerife.

El enterramiento de Franco ha sido muy polémico porque él no murió en la contienda bélica, sino que lo hizo por causas naturales en 1975. También José Antonio Primo de Rivera ocupa un lugar preeminente, un dato que en alguna ocasión se ha tratado de corregir, aunque su exhumación es más complicada porque él sí perdió la vida en la guerra. La presencia de Franco en la capilla ha servido de enganche a los grupos ultras para organizar de manera periódica “peregrinaciones nacionales” donde se exhiben banderas preconstitucionales y se realiza el saludo fascista.

El Gobierno español de Pedro Sánchez ha insinuado que quiere seguir el modelo del campo de concentración nazi de Auschwitz para remodelar el Valle y que se transforme en un lugar para recordar el horror y no repetir esa barbarie. Lo ha dicho el ministro Guirao, aunque nadie lo ha trasladado de momento al papel. Unidos Podemos aplaudió ayer ese planteamiento, aunque propone una mayor participación ciudadana y un debate para abordar esta cuestión. La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, además, exigió reformar la Ley de Amnistía para que puedan juzgarse los crímenes de la dictadura y las víctimas puedan acceder a la verdad y la justicia. - M. Vázquez