madrid - Más de cuarenta años después de la muerte de Francisco Franco, el PP sigue teniendo un problema de gestión interna con la memoria histórica y no sabe cómo posicionarse ante el debate de la exhumación de sus restos del Valle de los Caídos. El Gobierno español de Pedro Sánchez aprobará el viernes en Consejo de Ministros un decreto para sacar el cadáver del dictador, una gestión a la que el PP anunció en principio que no se iba a oponer, y después avisó de que iba a encargar un estudio legal para conocer si esa decisión es irregular y es recurrible.
La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, aseguró ayer por la mañana en La Sexta que la formación no plantará “ninguna” batalla política. En cualquier caso, matizó que su sentido de voto dependerá de lo que suceda el viernes y de que las medidas de Sánchez cumplan la ley. rado, su grupo parlamentario. Aun así, dijo que el PP no presentaría resistencia. “Ya el presidente Pablo Casado lo dejó muy claro en relación a Franco: Nosotros en ningún momento vamos a defender a un dictador”, zanjó. Casado había dicho que no iba a defender a Franco, porque es nieto de un represaliado.
Fue después cuando se hizo pública una entrevista de Europa Press con el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, quien avisó de que el partido va a revisar la legalidad del decreto ley y se reservó la potestad de llevarlo a los tribunales. “Espero que al menos el Gobierno cumpla la legalidad y que, por tanto, en las acciones que pueda emprender no tengamos que hacer ningún tipo de actuación porque se vulnere la ley”, dijo, para añadir después que, cuando se ha producido “una manifiesta ilegalidad”, el PP “ha recurrido”. En la propia legislatura de Sánchez, el PP ya ha acudido al Tribunal Constitucional con el decreto de RTVE.
El Gobierno de Sánchez aprobará el viernes un decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica, que deberá ser aprobado también en el Congreso de los Diputados. Es la vía para dar cobertura jurídica a la exhumación y evitar un conflicto con la familia en los tribunales. La Iglesia, por su parte, se ha puesto de perfil y ha dejado este asunto en manos de los familiares y el Gobierno español. Sánchez espera contar con el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos, y de Unidos Podemos. No obstante, ERC puso ayer sus condiciones y exigió que se anulen las sentencias de muerte de los tribunales franquistas, pensando en el president Companys. El decreto servirá solo para exhumar a Franco. En el futuro, Sánchez quiere convertir el Valle en un museo para la concordia, como Auschwitz.
