En estos tiempos en los que la judicatura está poniendo el grito en el cielo porque según su ilustre entender las críticas del populacho en relación con cualquiera de sus doctas decisiones, pero muy particularmente en relación con el caso de la manada, ponen en serie riesgo la división de poderes de Estado, llama poderosamente la reacción de niño sin juguete del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena al hilo de la decisión de sus colegas alemanes sobre la extradición de Carles Puigdemont.

Para quienes en su día estudiamos derecho, ahora no me atrevo a afirmar tal cosa, la judicatura era lo máximo. Teóricamente, solo los estudiantes con privilegiada capacidad memorística y disciplina espartana podían aspirar a preparar y aprobar las oposiciones a la judicatura. Supongo que será de ahí de donde nace la sensación de superioridad de quienes tienen como modus vivendi la labor de juzgar, y de ahí también el nivel de corporativismo de la profesión que lleva a jueces y fiscales a cerrarse en banda cada vez que provocan el cabreo generalizado de la sociedad y despreciar cualquier opinión que no sea la suya.

Sin embargo, por lo visto, todo ello solo es aplicable a las decisiones de los jueces y juezas españolas, ya que si es un tribunal alemán el que aplicando el sentido común dice que la violencia y subversión del orden constitucional que vio Llarena, no se sostienen ni bien ni mal, entonces sí se pude decir que a los jueces alemanes les “falta de compromiso con unos hechos que pudieran haber quebrantado el orden constitucional español” y que han “cortocircuitado” el mecanismo de cooperación europeo que establece la euroorden, sin poner en tela de juicio la independencia judicial, en este caso la europea.

Es más, no contento Llarena con afear la conducta a sus colegas alemanes sin más argumento que el de que él tenía razón, se permite el lujo de cuestionar todo el sistema judicial europeo no presentando recurso ante el Tribunal de la Unión Europea y renunciado a su propia euro orden de detención no solo contra Puigdemont, sino contra todos los exconsellers del Govern que andan repartidos por distintos países europeos.

Y a todo este desaguisado judicial hemos de añadir el hecho de que la justicia española mantiene en prisión preventiva a políticos catalanes que, a la vista de toda Europa no han cometido más delito que el de utilizar, presuntamente, dinero público para organizar un referéndum.

¿Cuál es el efecto de todo este ataque de cólera judicial desmedida por parte de Llarena? Convertir a España en el único país de Europa en el que puedes ser encarcelado por organizar una votación pacífica, y todo ello, y esto es lo más sorprendente, con el aplauso de los que se auto denominan constitucionalistas y patriotas españoles, que, en su ceguera centralista, no ven la vergüenza ajena y el ridículo internacional que provocan.

Así pues, por si había alguna duda, las sentencias se tendrán que cumplir, forma parte del modelo que nos hemos dado, pero ni se tienen por qué de compartir, ni mucho menos defender. Y ello no va ni en contra del orden constitucional ni mucho menos en contra del honor de quienes las dictan.