El dolor, la impotencia, el duro recuerdo, las sensaciones grabadas en el corazón y en la mente de tantas y tantas víctimas merecen el respeto, la empatía y la comprensión. Pero no puede ser la única base sobre la que sustentar la política como instrumento para la convivencia. Tampoco la política penitenciaria. Quien cuestiona el acercamiento de los presos bajo el argumento de que tal decisión supone una afrenta para las víctimas está utilizando arteramente el sufrimiento de estas. Y lo hace a sabiendas de que el alejamiento no figura ni tiene amparo en la legalidad penitenciaria, sabe que tal castigo adicional a los presos y a sus familias carece de toda base normativa.

En manos del Gobierno de Sánchez, del organismo Instituciones Penitenciarias dependiente del Ministerio de Interior está ahora la posibilidad de subsanar de una vez y para siempre esta anomalía, esta utilización de la política penitenciara al servicio de ciertos intereses políticos.

Todo lo que rodea al mundo de las prisiones acaba, como casi siempre, colonizado por lo emocional y lo irracional: para unos ese mundo, y los presos, representan el tótem, el símbolo de años de “lucha armada”; para otros prima en toda consideración sobre ellos el deseo de venganza punitiva y sancionadora. Sobre una y otra orientación debe prevalecer el concepto de justicia, porque hay, debe haber un concepto de justicia y unas garantías constitucionales que están vigentes para todos, incluidos, por supuesto, los presos de ETA.

Con frecuencia se habla (y no tantas se aplica) del principio de que las leyes y normas jurídicas deben ser interpretadas conforme a la realidad social del tiempo en que estas han de ser aplicadas Esta máxima jurídica, este principio hermenéutico que debe guiar la labor de los jueces como aplicadores del Derecho, ha de adquirir y mostrar toda su potencialidad en el momento social y político que se ha abierto tras la disolución de ETA.

Ha existido y sigue todavía vigente una interpretación de excepción que se realiza con respecto a los internos de ETA, a la cicatera lectura que en términos de derechos realiza la administración española y los tribunales adscritos a la misma.

Y a ello se añade la injusticia del alejamiento, que representa una vulneración del Derecho y de los derechos individuales de los internos sostenida y mantenida en el tiempo como una suerte de imposición vengativa tan injusta como arbitraria.

Pocos colectivos han sido tan vapuleados, tan manipulados, tan cínica y populistamente tratados, tan menospreciados, tan olvidados y tan utilizados por unos y otros como el de los presos.

Algún día deberá hacerse también balance sobre la inercia de una política penitenciaria basada en el castigo, en la venganza, en la provocación, en la irracionalidad punitiva, y ubicada demasiadas veces en la antítesis de un objetivo resocializador y reeducador.

Reivindicar un trato justo, sin agravios y con los mismos derechos a todos los encarcelados tiene plena base legal y democrática. Aquí tampoco hay falsas equidistancias, porque en realidad esa exigencia responde a la más pura lógica democrática de reivindicación de igualdad de trato. La obsesión punitiva o sancionadora ante el terrorismo no permite todo.

Las personas presas, todas, están llamadas a ser claves en la consolidación de la paz y la convivencia. Ojalá comencemos a apoyar de forma consensuada esta iniciativa. También esto será síntoma de normalización y de justicia.