madrid - “Nos tendrán en la calle ante cualquier presión de PNV o Bildu para saltarse la ley y acercar a los presos a cárceles próximas a Euskadi sin que hayan colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los atentados pendientes”. Las palabras de Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la reunión que este mantuvo ayer con las asociaciones de víctimas avanzan la férrea vigilancia que le espera durante su mandato.
Portero fue el primero en intervenir en el encuentro que alrededor de veinte colectivos de víctimas del terrorismo mantuvieron en la sede del Ministerio del Interior en Madrid y recordó las manifestaciones de los años 2005 y 2006 en las que miles de personas se manifestaron contra las intenciones del Gobierno de Zapatero con los presos de ETA. La mayoritaria AVT y otras asociaciones se sumaron a esta advertencia de echarse a la calle si el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace acercamientos de presos generalizados.
En línea con las manifestaciones realizadas esta misma semana por el presidente español instando a una “visión diferente” con los presos una vez disuelta ETA, y también con sus propias palabras el pasado martes en el Senado, Marlaska dejó abierta la puerta al acercamiento de presos, pero siempre dentro de la legalidad y de forma individualizada. Asimismo, les prometió mantenerles puntualmente informados de los posibles movimientos.
Las explicaciones del ministro no convencieron a las asociaciones de víctimas, al menos a las mayoritarias. La presidenta de la AVT, Maite Araluce, advirtió al ministro de que cualquier cambio que se realice ahora en política penitenciaria, sería interpretado por ETA como una cesión por su disolución y por tanto como una victoria de la organización ya disuelta. Araluce apuesta por mantener la política de dispersión y rechaza “experimentos” como la vía Nanclares, “a la que apenas se acogieron una veintena de etarras que no han colaborado para resolver los casos pendientes de esclarecer”.
Las asociaciones mayoritarias de víctimas condicionan su aceptación de los acercamientos de presos a un arrepentimiento sincero y explícito y la colaboración con la Justicia para resolver los alrededor de trescientos atentados cuya autoría se desconoce. Son precisamente las dos líneas rojas que el EPPK, el colectivo de presos de ETA, establece a sus militantes en prisión en el caso de que asuman la legalidad penitenciaria e individualizada para ir progresando de grado y así acceder a beneficios penitenciarios y permisos de salida y, en última instancia, acceder a la libertad condicional.
Según algunas de las asociaciones presentes en la reunión de ayer, el ministro Marlaska se comprometió a realizar “un seguimiento especial” sobre los casos sin esclarecer e incluso apoyó la creación de una fiscalía especial para estos casos.
Por su parte, Covite pidió “un rechazo individual y sin trampas a la violencia que han ejercido como línea roja para acercar a los presos de ETA”. En este sentido, mostró su preocupación por que el debate político con el cambio de Gobierno se haya centrado en el futuro de los presos de la banda, en lugar de en asignaturas pendientes como crímenes sin resolver. Además, rechazó frontalmente la cesión de la competencia de prisiones porque “sería transferir los derechos de las víctimas”.
