barcelona - Quim Torra y las patronales coincidieron ayer en la necesidad de dejar sin efecto el decreto del anterior Gobierno del PP que facilitó el traslado de miles de sedes de empresas fuera de Catalunya, aunque no mostraron la misma sintonía en cuanto a los políticos presos. El Jefe del Govern se entrevistó por primera vez en el Palau de la Generalitat tanto con los representantes de las patronales catalanas (Foment del Treball, Pimec y Fepime) como con los líderes de los dos sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT). En su encuentro con Josep González (presidente de Pimec), Ramon Adell (vicepresidente de Foment) y Helena de Felipe (presidenta de Fepime), Torra abordó las consecuencias del decreto ley que favorecieron el traslado fuera de Catalunya de las sedes sociales y fiscales de unas 4.000 empresas.

Tras la reunión, la consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Elsa Artadi, aseguró que la Generalitat está estudiando medidas jurídicas contra el decreto acordado después del referéndum, que permite trasladar la sede con una decisión de la junta de accionistas y sin pasar por el consejo de administración. La dirigente de Junts per Catalunya detalló que los servicios jurídicos están estudiando posibles medidas legales para determinar si se han “violado los derechos de los accionistas”, ya que fueron excluidos de la decisión de cambio de sede. Las patronales, a su vez, se posicionaron a favor de la derogación del decreto, que ven como un “gesto político” que mejoraría las relaciones entre los ejecutivos catalán y español y apuntaría hacia una normalización de las mismas.

“Sería importante que se produjeran gestos por parte de los dos lados para buscar la estabilidad y crear un clima de confianza y de seguridad jurídica, lo que ayudará a la inversión”, manifestó Adell.

Ese cambio de domicilio fiscal de las empresas se empleó durante los últimos meses para azuzar al mundo soberanista desde el constitucionalismo. - I. Santamaría