MADRID - El juez Pablo Llarena denegó una nueva petición de libertad de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, del exvicepresident Oriol Junqueras y del exconseller Raül Romeva al apreciar que, pese a la configuración del Govern, persiste el riesgo de reiteración delictiva y de fuga. Recuerda el magistrado a dichos procesados, en relación a su petición de medidas menos gravosas dentro de su situación penitenciaria, que no tiene competencia para definir el centro penitenciario concreto en el que deben permanecer. Este auto se conoció el mismo día que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció su predisposición a acercar a los presos políticos independentistas a Catalunya siempre y cuando lo autorizara el juez. En la mesa de Ángel Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, espera respuesta una doble solicitud de traslado de Junqueras y Romeva, que está próxima a su resolución. Así, lo que podría suponer un nuevo gesto de deshielo en las relaciones entre el Gobierno español y la Generalitat está más cerca de ser una realidad.
El titular de Interior respaldó que se derive a cárceles de Catalunya a los exconsellers y líderes del procés si así lo autoriza el juez Llarena. “Si en cinco o seis meses esa persona no va a ser requerida, y siempre que haya autorización del juez, se puede evaluar un traslado que ayude a una vida personal y familiar más fácil”, valoró. Grande-Marlaska recordó que Instituciones Penitenciarias e Interior solo deciden directamente sobre el traslado de presos cuando hay sentencia, y este no es el caso de Junqueras y el resto de líderes independentistas procesados y encarcelados provisionalmente, a la espera de juicio, por los delitos de rebelión, sedición o malversación. “Cuando son presos provisionales están a disposición del órgano judicial, por eso están en cárceles próximas a donde está el órgano judiciales porque mañana le pueden citar a declarar, notificar algo personalmente y no se pueden hacer traslados de un día para otro”, argumentó el ministro.
Sin embargo, el magistrado Llarena devolvió la pelota y sostiene que él no decide el acercamiento de los presos a Catalunya. Afirma que la prisión provisional es el único instrumento que garantiza la consecución de la finalidad de aseguramiento en la que se sustenta, debiendo considerarse que ni concurren los requisitos normativos y de atenuación del riesgo recogidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para una prisión provisional domiciliaria, ni es competencia del instructor “definir el centro penitenciario en el que deben quedar confinados”.
En relación con esta última cuestión, Llarena subraya que, según el artículo 79 LOGP, “corresponde a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en la presente Ley, salvo respecto de las comunidades autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria”.
Este precepto, explica en su auto, entra en relación con el artículo 31 del Reglamento Penitenciario que indica en su apartado 1 que conforme a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, “el centro directivo tiene competencia exclusiva para decidir, con carácter ordinario o extraordinario, la clasificación y destino de los reclusos en los distintos establecimientos penitenciarios, sin perjuicio de las atribuciones de los jueces de Vigilancia en materia de clasificación por vía de recurso”.
Igualmente, apunta Llarena que, según el apartado 2, el centro directivo ordenará los traslados correspondientes en base a las propuestas formuladas al efecto por las Juntas de Tratamiento o, en su caso, por el director o el Consejo de Dirección, así como los desplazamientos de los detenidos y presos que le sean requeridos por las autoridades competentes. Por último, recoge que el apartado 3 dice que “los traslados se notificarán, si se trata de penados, al juez de Vigilancia, y, si se trata de detenidos y presos a las autoridades a cuya disposición se encuentren”.
desafíos del estado En este contexto, Grande-Marlaska insistió en que se “se podría evaluar” un traslado a cárceles catalanas de los líderes independentistas en prisión provisional para facilitar su vida familiar, pero siempre que el juez haga constar que “no hay inconveniente”. El ministro colocó a Catalunya como “el tema más complejo” y uno de los tres grandes desafíos del Estado junto al terrorismo y la corrupción.
